“Cuando al Copyright le va mal” es un cortometraje hecho por la organización “Consumers International”, y dirigido por Ben Cato Clough y Luke Upchurch, que explica cómo los derechos de autor se han transformado en uno de los hechos más importantes para los consumidores de la era digital.

Así, en el corto se documenta por qué el lobby de las empresas quiere criminalizar las acciones de cientos de miles de consumidores en Internet; y qué depara el futuro en la lucha por leyes de copyright más justas.

La película se puede encontrar en inglés, francés y español, y está licenciada con Creative Commons Attribution 3.0.

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Nota publicada también en ONG Derechos Digitales y Creative Commons Chile.

Cuando se atestiguan batallas legales sobre el devenir de la propiedad intelectual en Internet como las acaecidas en España, se puede tener conciencia de la magnitud de lo que estaba en juego en la última modificación a la ley de propiedad intelectual chilena, y en lo logrado en términos de protección a los derechos ciudadanos en el entorno digital.

Así hoy vemos con perplejidad cómo en España, con la excusa de la protección de los derechos de autor en la web, las políticas públicas disponen un organismo de carácter policial que no solo amenaza la libre expresión de los ciudadanos, sino que el desarrollo democrático de un medio como Internet que, gracias a sus bajos costos, permite mostrar voces antes inapreciables en los medios tradicionales e idear nuevos modelos de negocios y estadios de creatividad.

Este es el caso de la recién creada Comisión de Propiedad Intelectual de España, organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, que tendrá el poder de bloquear sitios de Internet que alojen o faciliten sin permiso enlaces de obras sujetas a derechos de autor (música, videos, fotografías, textos, etc.). De esta manera, las compañías de acceso a Internet tienen la obligación de dar datos personales de los usuarios a esta comisión cuando los solicite, y si se comprueba la falta y no se atienden los llamados de advertencia de este organismo, éste puede ordenar el bloqueo de una web en particular, sin intervención previa del juez salvo que la misma comisión lo decida.

En otras palabras, el ciudadano interpelado por la comisión no tiene posibilidad alguna de defenderse ni de exponer sus argumentos frente a una instancia neutra, garante de derechos, como es la Justicia en todo país democrático.

La polémica no se ha hecho esperar en España y ya agrupaciones de ciudadanos han redactado un manifiesto llamado “En defensa de los derechos fundamentales en Internet” donde, en 10 puntos, se expone el peligro inminente a los derechos humanos que significa la creación de esta Comisión de Propiedad Intelectual.

La situación española por cierto recuerda una de las discusiones más polémicas en la nueva ley de propiedad intelectual chilena: la idea de algunos agrupaciones de defensa de derecho de autor que buscaba que fuera suficiente solo un trámite administrativo (por ejemplo, una carta certificada de parte del titular de los derechos de autor de una obra) para bloquear o eliminar un contenido de Internet.

Fue gracias a la presión ciudadana de miles de chilenos que se organizaron a través de instancias online como offline, lo que permitió que en el Congreso se velara no solo por la justa protección a los derechos de autor, sino también por la defensa de los derechos del resto de los ciudadanos. Así, no solo se estableció que fueran los tribunales los que determinaran el carácter ilícito de un contenido en Internet, sino que además se aprobaron Usos Justos que por primera vez garantizaban derechos de acceso a obras intelectuales a los chilenos, entre otros avances.

No está todo ganado. La situación de España no solo recuerda que hay mucho que avanzar en el fortalecimiento del acceso a la cultura en Chile (como por ejemplo, establecer una política pública sistemática de fortalecimiento y difusión de nuestro patrimonio cultural común), sino que también es una alarma para no olvidar cómo Internet es hoy un campo de disputas que no puede llevar a los ciudadanos a bajar la guardia. Los intereses comerciales y las presiones privadas a los organismos públicos son una amenaza latente para los derechos ciudadanos en el entorno digital.

*Foto CC BY Arguez NC – SA.

**Articulo originalmente publicado acá.

Javier Sajuria es director administrativo de Independientes en Red y el 20 de octubre pasado publicó su impresión sobre las implicancias del acuerdo SCD/UNA con el gobierno en El Mostrador. A continuación, un extracto.

Por otra parte, si se les cobra a los ISP, éstos traspasarán ese costo a los usuarios, y con ello, todos aquellos que se conectan a Internet deberán pagar por la mera posibilidad de que en algún momento de su navegación puedan acceder siquiera a la opción de descargar música o contenido protegido por la SCD. Es decir, si yo ocupo mi conexión a Internet para revisar el correo debo pagarle a mi vecino que baja películas su costo por ello.  Por último, si esta tarifa implicara que la SCD se diera por pagada de todos aquellos cobros por uso de propiedad intelectual y me dejara descargar de manera legal, libre y gratuita todo el contenido que quisiera, probablemente pagaría gustoso una tarifa fija que permitiera dicha acción. Pero no, el descargar música ilegal seguirá siendo delito y, mientras eso pasa, la SCD seguirá cobrándonos por el sólo hecho de que tenemos la posibilidad de descargar música. Justo, ¿no?

Otro punto “destacable” es que se eliminan categorías como el uso justo o la copia privada. Es decir, para la SCD (y para el Gobierno, al parecer) si yo copio un CD que me compré de manera legal a mi computador o Ipod, estoy cometiendo delito. Incluso si la banda me encanta y decido hacerle propaganda para que otros compren el disco. Asimismo, si un profesor en clases me envía un texto para leer, no podré sacarle fotocopias para estudiar. Ni pensar en escanear el texto y mandárselo a mis amigos.

No contentos con esto, la SCD y el Gobierno han acordado dar fin a la renunciabilidad del Derecho a la Propiedad Intelectual. En otras palabras, menos leguleyas, esto consiste en que si un artista decide regalar su obra al mundo o dejar de cobrar por sus derechos, no puede. Básicamente, las entidades de gestión colectiva de derechos (que en Chile es sólo una, la SCD) seguirán cobrando lo que corresponde por uso de estas obras, aunque su autor no quiera hacerlo y la haya donado. ¿Dónde queda la libertad del artista? No lo se, pero me da la impresión que Radiohead o Nine Inch Nails no estarían contentos con nuestro país.

El final de esta historia es que el Gobierno tiene un concepto bien torcido de democracia y muy extraño de lo que es un gobierno ‘ciudadano’. Los primeros párrafos de este cuento los escribe la Ministra de Cultura reconociendo públicamente acuerdos que antes habían sido negados y reconociendo cual será la pauta del gobierno en estos temas de acá en adelante. El final de esta historia, mis amigos, se escribe desde los cuarteles generales de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), desde donde se ha escrito y se está escribiendo en este instante el futuro del derecho de autor en Chile. A costa de Internet, del desarrollo tecnológico y a costa de todos nosotros, por supuesto.

Sabemos que se encuentra en el Senado una de las reformas más importantes a la Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1970. Esta reforma pretende adaptar esta ley que data de 1970 a los desafíos del mundo digital y evitar así una serie de absurdos. Además, pretende hacer esta ley razonable desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se contemplan en todo el mundo y que en Chile somos meros expectadores. Porque claro, cada una de las reformas que se le ha hecho a esta ley ha sido hecha previa aprobación de la SCD y todas ellas pretenden fortalecer derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público. Esta ley pretendía equilibrar de una vez por todas esos intereses.

Pero esto ha provocado una reacción histérica, desinformada y patética. Mientras existía un esfuerzo para lograr una ley que fuera justa para todos, otros han salido a la calle con carteles y pitos a pedir una ley justa sólo para ellos. No una ley que se adapte al mundo de internet, sino que una ley que se adapte a sus propios bolsillos e intereses.

Pero en fin, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con la SCD a escondidas de la ciudadanía, con el fin de que esta ley salga adelante sin ruido, son los siguientes [descargar versión original]:

1.- No apoyar indicaciones que exigen que exista uso efectivo de obras para que haya cobro por parte de la SCD. Se lo pongo con un ejemplo. Si yo a usted lo demando porque me golpeó luego de una discusión, seré yo quien tengo que probar que tengo un golpe y que ese golpe me lo propinó usted. Esto es muy razonable, porque de lo contrario nos pasaríamos demandando los unos a los otros exigiéndole pruebas de lo contrario al demandado.

Bueno, la SCD quiere lo contrario. El acuerdo supone que el gobierno acepta que la SCD no tenga que acreditar uso efectivo de las obras, sino que se pueda basar sólo en supuestos, para proceder al cobro. Lo que resulta interesante considerado que viene de quienes son los principales promotores de demandas judiciales por derechos de autor en Chile.

2.- Apoyar un proceso de mediación previa en caso que no haya acuerdo sobre el cobro entre las partes. Hoy, quien fija las tarifas que cobra la SCD, es la propia SCD. Así, si usted tiene una discoteque u organiza un evento pequeño musical, tiene que pagarle a la SCD la tarifa que ellos mismos determinan. Como no hay otra entidad que ‘compita’ con la SCD, no queda más remedio que pagar a menos que queramos exponernos a demanda. El proyecto suponía un procedimiento de Arbitraje Forzoso, esto es, que en caso de desacuerdo sobre la tarifa, sea un tercero el que decida obligatoriamente.

Lo que ha aceptado el gobierno a solicitud de la SCD es que en caso de desacuerdo, vayamos a una “mediación previa obligatoria” en la que nos van a conminar a llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, vamos a juicio. Es fácil de entender que esto, en buen chileno, vale hongo y no protege al más débil en la negociación, que ciertamente no es una entidad monopólica.

3.- Apoyar la eliminación de la responsabilidad de los prestadores de servicios internet. En castellano castizo, esto significa dejar la puerta abierta para que mañana la SCD dirija cobros a nuestros proveedores de acceso a Internet por las eventuales descargas que realizan sus usuarios. Los que han pasado por alguna clase de economía, saben que esto significa finalmente un cobro que vamos a terminar pagando todos nosotros.

Ahora, si a mi me preguntan, yo estaría feliz con un canon como este siempre que supusiera una excepción amplia para usos y reproducción no comercial. Pero como a algunos quieren pan y pedazo, quieren meternos un impuesto, pero no entregarnos ningún derecho. Así cualquiera.

4.- Eliminar excepciones para traducción, para usos educacionales y para usos justos. El Gobierno está de acuerdo con la SCD en eliminar esa terrible y macabra excepción que permite que piratas profesores hagan traducciones de textos que se encuentran en otros idiomas para efectos de enseñanza. También está de acuerdo en eliminar la excepción que permite reproducción de obras cortas para fines educacionales.

Lo más grave, es que además acuerda la eliminación de lo más importante de esta ley, la excepción que permite usos justos o legítimos. Que le permite a usted subir a Youtube un video de su hijo que baila una canción que suena en la radio, que le permite pasar un CD a MP3 o que le permitiría por ejemplo, hacer un collage o una presentación en Powerpoint con imágenes y música de fondo para las bodas de Oro de sus papás. Para quienes quieren tratos justos para algunos, hay que pagar.

En reunión con la Ministra de Cultura, ella reconoció que este acuerdo marcaba la pauta del Gobierno en este tema, por lo que no hay más que conversar.

Me parece lamentable que el Gobierno termine haciendo caso omiso a los reclamos de una serie de organizaciones sociales, gremiales, académicos e industriales que queremos una ley de propiedad intelectual moderna, ajustada a los desafíos de Internet, y que no trate a sus ciudadanos como delincuentes. Que no sea utilizada como privilegios para algunos sino que apunte, en definitiva, a un trato justo para todos.

Ahora estamos en las manos de nuestros otros representantes, de nuestros parlamentarios. quienes esperamos estén a la alturas de las circunstancias y representen los intereses del país

Pero hay buenas noticias. La buena noticia, es que a partir de ahora, amigos míos, se nos acabó la buena onda. Pronto, muchas más noticias.

El supuesto problema del concepto de autor en la ley es pura retórica. El proyecto de ley habla de titulares de derecho porque ellos son quienes dan las autorizaciones para el uso de las obras, y no necesariamente los autores o artistas. Normalmente, quienes son titulares de sus derechos son los sellos discográficos, las empresas de tecnología y los productores. Por lo demás, no olvidemos que desde 1970 la ley califica a los autores de titulares de derechos.
 Distinguir entre titulares de derechos y autores es importante, para no confundir la protección a las industrias multinacionales que son titulares de derechos cuando la ley pretende proteger a los autores.

El proyecto de ley debe buscar el bienestar de todos y no sólo el de los autores. Para eso debe autorizar ciertos usos legítimos, debe fortalecer el patrimonio común y debe tomar medidas que garanticen las libertades y los derechos fundamentales de las personas. La ley también es para los usuarios de las obras. Eso intenta hacer el proyecto, eso es lo que respaldamos. Trato justo para todos.

Lo anterior es en respuesta a:

La supresión sistemática en la ley de los conceptos “autor” y “artista”, sustituyéndola por el genérico “titular de derecho” vacía las normas del contenido simbólico que representa la protección de los creadores y la cultura, y lo transforma en un derecho de las empresas, como si ya no tuviera sentido legislar a favor de las personas naturales que realizan las obras y las interpretan, y que encarnan el patrimonio cultural de la nación. Esta es una cosificación premercantil de matriz anglosajona, ajena a nuestros valores. Que los legisladores sepan que quienes estamos luchando por esto somos personas, autores, artistas, y no entes abstractos.

[Publicado en tratojusto.cl]