Las comisiones Unidas de Economía y Educación de el Senado están analizando el proyecto que modifica la Ley de Propiedad Intelectual. Ayer se reunieron y hubo algunas interesantes novedades, informadas por el senador y presidente de las comisiones unidas, Guillermo Vásquez, a la web del Senado. En sus declaraciones:

“Se acordaron algunas excepciones respecto de la reprografía, esto es, a los derechos de reproducción de material de libros o fragmentos de libros o de publicaciones, con las limitaciones que dicen relación con beneficios hacia los estudiantes y hacia las bibliotecas que no  tengan fines lucrativos”.

“Se acepta que se aplique tanto el concepto de autor como el de titular de derecho de autor, pues al aplicarse solamente titular de derecho de autor, la SCD decía que no era suficiente”.

“También se acordaron limitaciones y excepciones respecto de fines comerciales, fines lucrativos y fines de lucro y la Comisión decidió mantener una serie de excepciones sin fines lucrativos. Con respecto a los transportadores de información electrónica, los ISP, quedaron de acuerdo respecto a la liberación de la responsabilidad por la mera transmisión si ellos no intervienen en el contenido”.

“Pensamos que si bien el Ejecutivo pudo haber llegado a algunos acuerdos, nosotros mantuvimos los criterios que ya venían siendo desarrollados por las Comisiones”.

Por cierto, la noticia ampliada y con detalles la pueden encontrar acá.

Trato Justo Para Todos* reitera el llamado a todos los interesados a seguir trabajando por una ley justa para los artistas, pero también para TODOS LOS CIUDADANOS.

*Foto CC@La oPiñón

Algunos se enojan cuando uno dice que la SCD, que resulta que son “los artistas”, que son “sindicatos”, y al final uno no entiende nada.

Ayer les contábamos que por el correo de las brujas nos habíamos enterado de una regada y vergonzosa cena organizada por los amigos autodenominados “artistas de Chile”. Que terminó con pifiadera para un par de oradores que osaron decir un par de ideas sensatas en un barullo de intuición y ceguera. Y que entre ellos estaba el Senador PS Carlos Ominami, quien cometió la imprudencia de decir que había bienes superiores que defender antes que los intereses corporativos.

Ahora nos enteramos que la cena era para más de 500 personas, había dos Senadores de la República y al parecer un Ministro de Estado que dirige la agenda legislativa del Gobierno. Saque usted mismo las cuentas.

Hoy hace pocos minutos el Senador Ominami se encarga de relatar lo que pasó en el restaurant en el programa Hablemos en Off de Radio Duna. Escúchelo usted mismo:

Link al sitio de la Radio

Link Directo al MP3.

Foto: ClintJCL, CC:BY-NC-SA

Todo el mundo tiene sus informantes. Por el correo de las brujas nos enteramos que ayer por la noche se iba a realizar una cena en un humilde restaurant de la capital ubicado al borde del Cerro San Cristóbal llamado Divertimento donde se darían cita una serie de personajes ligados a la SCD para mostrar su “campaña” por un trato justo sólo para algunos.

Pero claro, la noticia no era esa, sino que estaban también invitados varios Senadores de la República, sí, esos mismos que han sido escogidos por todos nosotros para representar el interés común de toda la sociedad. No obstante la negativa de varios de ellos (todos supongo por razones de diversa índole), respondieron afirmativamente a la invitación los Senadores Alberto Espina y Carlos Ominami.

El ojo del crítico de cine Gonzalo Maza también estuvo ahí y reporteó todo lo que pasó después de la “regada” cena.

Alberto Espina salió a hablar primero. No digamos que tenía un público favorable. Una pequeñas pifias se escucharon al comienzo. Pero Espina fue astuto y dijo lo que presentes esperaban: que apoyaba a los artistas en su causa, que conocía sus trabajos, y que desde siempre los ha apoyado porque “los derechos intelectuales son parte de los derechos de propiedad”. Quizás su argumento más convincente fue cuando dijo que ya en el pasado había escuchado que “cosas malas” ocurrirían si se obligaba a los restaurantes y discotecas a pagar derechos de autor por la música… y finalmente nada pasó. Los restaurantes y discotecas siguen funcionando sin problemas. Espina sacó aplausos.

Con el público ya “caliente”, Carlos Ominami tenía que refrendar las palabras de su antecesor para salir con aplausos similares. Pero en una jugada incomprensible, Ominami empezó a decir que había que tener ojo con este proyecto, porque los artistas tenían que entender que había bienes sociales “superiores” que defender antes que los propios. Y mencionó los derechos de las radios comunales (ante lo que Ubiergo dijo: “no tenemos ningún problema con las radios comunales, tenemos problemas con los consorcios radiales”), y siguió diciendo que había límites para el derecho de propiedad (lo que no cayó nada bien y comenzó algunas pifias) y luego Ominami perdió el control, y en una onda muy laguista, empezó a retar a los asistentes por no saber dialogar ni escuchar algo distinto a lo que querían escuchar.

Y ahí todo explotó.

La pifiadera inundó la sala. Y Ana María Gazmuri, la actriz, tomó el micrófono e hizo la interpelación más impresionante que haya visto en alguna parte. La Gazmuri le dijo a Ominami que no podía decirles que no sabían conversar, porque para conversar primero ellos esperaban que el senador hubiera tenido algo que proponer. La Gazmuri se llevó los aplausos. Y Ubiergo, como un guanaco, dio por terminado el asunto y disipó a la multitud que consternada partió para su casa.

Claro, la misma entidad que pide un trato justo para algunos, la misma entidad que es la principal promotora de juicios por cobro de derechos de autor a pequeños locales comerciales, la misma que ha dicho que quienes pretendemos un derecho de autor equilibrado somos comunistas y comeguaguas, la misma que quiere hacerle creer que hay otros (porque no son ellos, claro que no) poderosos lobbys tras la ley, es la que quiere dirigir una vez más el debate sobre el derecho de autor en Chile.

Basta de mentiras y abusos. Queremos un trato justo para todos*.

“La mesa de expertos que conformó el Ministerio de Cultura convocando a varias organizaciones (ONG Derechos Digitales, Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información A.G. (ACTI), Asociación de Derecho e Informática de Chile (ADI), Asociación de Proveedores de Internet (API) A.G., Creative Commons Chile, Comisión de Directores de Bibliotecas del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Liberación Digital, Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G., Confederación del Comercio Detallista y de Turismo de Chile, A.G. (CONFEDECH) y por supuesto, con la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD) junto con las demás entidades de gestión colectiva de derecho de autor, pasó de un “acuerdo público” a un “acuerdo privado” (SCD-Gobierno) y, alejándose de la idea original de la mesa, que era tomar diversas visones técnicas para introducir modificaciones a la Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

Este cerrado y perjudicial acuerdo, daña profundamente el espíritu de una legislación de derecho de autor, que tiene por base: La justa retribución y protección de los creadores o artistas por sus obras, sino que también, garantizar para “TODOS LOS CHILENOS” (y no sólo para una familia), un uso y acceso justo (sin fines de lucro y limitado) a las obras, de manera de lograr un balance entre los distintos intereses.

Hoy en Chile no existe un estatuto adecuado de excepciones y limitaciones al derecho de autor. Con este famoso acuerdo, la SCD pide prohibir que un profesor traduzca al castellano un texto o libro, para ser utilizado (sin fines de lucro) en la clase con sus alumnos. Tampoco será posible.

Tampoco será posible poner música de fondo para una presentación en Power Point por el trabajo solicitado en la universidad, y no será posible utilizar la canción “Cumpleaños Feliz” en el video que grabaste en la celebración de tu hijo (para luego subirlo a la web). Se acabarían las posibilidades que los estudiantes puedan fotocopiar partes menores de un libro para una prueba (uso personal), hacer un respaldo de la música que compramos legalmente en CD o simplemente pasarla al Ipod, al celular o al reproductor de MP3. Las bibliotecas tendrán restricciones para preservar digitalmente libros en riesgo de conservación, y un grupo musical de Hip Hop de barrio, que usa un samples para una actividad de bingo a beneficio, tendrá que pagar por derecho de autor.

¿Tendré que pagar derechos de autor por la música que pongo en mi radio “Kioto” dentro de mi taller de costuras y que es escuchada, por causalidad, por los clientes que me llevan ropa para arreglar? Si, y más aún, estoy obligado a pagar el monto que determine unilateralmente la entidad de gestión colectiva ¿Y si dicho monto es excesivo? El acuerdo SCD-Gobierno me priva del derecho básico de contar con un procedimiento eficaz, mediante el cual un tercero imparcial (un árbitro, un tribunal) pueda determinar si las tarifas son razonables o son abusivas.

Otro aspecto que busca este acuerdo es permitir a la SCD cobrar derechos de autor, a los proveedores de Internet que se limitan a facilitar el acceso a Internet, situación que no existe en parte alguna del mundo. Por supuesto, este cobro improcedente será finalmente traspasado a nosotros los usuarios, que veremos restringido el acceso a la banda ancha.

Esta “idea genial” podría obligar a las empresas, a monitorear el tráfico de redes, compartiendo información con terceros, sobre las acciones privadas de los abonados. No es posible tampoco aceptar, que por un simple correo electrónico, donde alguien me acusa de pirata, mi obra o documento sean eliminados o bloqueados de Internet. Para eso están nuestros tribunales. La SCD está imponiendo un criterio “delictivo” al acusarnos a priori y sin prueba, que nosotros nos conectamos a internet, con la única finalidad de “PIRATEAR”. Pues bien, en Chile se es inocente hasta que se prueba lo contrario.

La SCD también ha venido trabajando para establecer un canon digital (gravamen) que se aplicaría sobre productos que potencialmente se pueden emplear para almacenar o reproducir obras con derechos de autor, como los CD y DVD vírgenes, grabadores, discos duros y pendrives, porque aseguran que lo usaré sólo para “piratear”, y no para hacer respaldos de mis archivos que guardo en el PC o de una copia de una obra adquirida legalmente ¿Y por qué no también aplicamos un impuesto a las tintas, tonner, impresoras, escáner o al papel, si también se podría decir que voy a piratear libros? Entonces podríamos decir, que Moisés al escribir las tablas de la ley que le ordenó Dios, o los primeros monjes budistas, o los monjes de los monasterios que escribieron los primeros libros y los reprodujeron y hasta Gutenberg (con su imprenta), fueron piratas!

Es muy necesario e importante legislar sobre la protección de los derechos de autor, pero a la vez, hay que velar por el uso justo para 15 millones de chilenos, y no limitar el propio derecho que tenemos las personas por sobre lo que hemos adquirido o, a los que tenemos alguna veta de creatividad, frenando el desarrollo de nuevas tecnologías (Internet como vitrina de difusión), entorpeciendo el acceso al conocimiento, coartando la libertad de creación y el acceso a la cultura, retrocediendo de la actual Sociedad de la Información, para volver a la Agraria.

Se viene una ardua lucha en la Comisión de Educación del Senado, para demostrar que el acuerdo Gobierno-SCD no es el camino. Y recuerda, si usas Internet, es que ¡Andai puro pirateando!”

Por Carlos Cantero, senador por la Región de Antofagasta

fotoCC@nicoaracena

Paola Roncatti Galdames es bibliotecóloga documentalista y presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile. Ha representado en el Congreso y en el gobierno a un gremio que históricamente ha hecho usos justos y honestos de la información y de la cultura. A continuación, y en consideración de la opinión del abogado de la SCD Juan Antonio Duran, escribe sobre las razones de las bibliotecas para seguir luchando por una ley de Propiedad Intelectual más justa para todos. (Publicado también en Cartas al director del diario La Tercera del 29/10/08).

Han pasado varias semanas desde que nos enteramos del acuerdo entre Gobierno-Sociedad Chilena de Derecho de autor (SCD), crece el malestar, pero un malestar que va más allá del acuerdo, es pensar que el Gobierno, ente que protege a “todos los chilenos” para que se cumplan sus garantías constitucionales, gestione a escondidas un acuerdo que sólo “protege a un grupo”. ¿Esto puede ser considerado un trato justo para todos?, por supuesto que no, parece que la palabra “trato justo para todos” quedó en el olvido: olvidamos a los ciudadanos, a las bibliotecas, al sistema educativo, al desarrollo de un país.

Me pregunto hasta dónde llegar, si vale la pena todo el esfuerzo sobre humano que estamos realizando para lograr ser escuchados por los Senadores, por los Ministros, por el gobierno, por los ciudadanos, para conseguir un único objetivo, una ley justa, una ley equilibrada que permita integrar los intereses de artistas, creadores, instituciones culturales y  ciudadanos.

Esta no es una pelea contra los artistas, ni los músicos, como lo ha hecho creer la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), quien nuevamente miente y se vale de sus figuras para confundir a la audiencia. Esta es una pelea contra la injusticia de ver cómo instituciones y personas que han estado trabajando en el tema por años, son pasados a llevar sin ninguna explicación coherente por parte del Ministerio de la Cultura y las Artes.

Este acuerdo toca en forma negativa a muchos participantes de la discusión del proyecto de ley, pero en especial a las bibliotecas y sus usuarios. La SCD quiere cobrar por todo, por lo cual deja fuera excepciones que hemos estado esperando por años en nuestra legislación, las que son utilizadas a nivel internacional y que no han causado ningún perjuicio a la industria del libro.

Las excepciones y limitaciones lo que hacen es permitir usos razonables o incidentales por parte del público de ciertas obras, para su uso personal con la finalidad de la enseñanza y educación. Esto permite el acceso a los bienes culturales por parte de la ciudadanía, quienes son los principales productores de información.

Las bibliotecas caerán en la ilegalidad al momento de entregar una copia a un usuario o a un docente que necesita esa información para una clase o para una prueba o para un trabajo de investigación, un profesor será sancionado por traducir una obra en otro idioma para su clase, los centros educacionales como colegios, liceos, etc., no podrán tener copia para desarrollar un trabajo de investigación. ¿Qué logramos con esto?: frenar la labor docente, la investigación y por ende el desarrollo de un país.

Las bibliotecas han realizado por años prácticas honestas en el uso de la copia privada, para nosotros no hay un fin económico, sino uno mucho más noble: integrar a la ciudadanía a la sociedad del conocimiento, a través del acceso a los bienes culturales, con la finalidad de tener un país más culto.

La batalla recién comienza, pero estaremos unidos para logara una mejor legislación, que realmente sea justa para todos, y espero y tengo la esperanza que esto será entendido por los Senadores al momento de tomar una decisión respecto a la propiedad intelectual, que no se dejarán influenciar por un grupo pequeño, que sólo busca usufructuar a costa de los ciudadanos.