Todo el mundo tiene sus informantes. Por el correo de las brujas nos enteramos que ayer por la noche se iba a realizar una cena en un humilde restaurant de la capital ubicado al borde del Cerro San Cristóbal llamado Divertimento donde se darían cita una serie de personajes ligados a la SCD para mostrar su “campaña” por un trato justo sólo para algunos.

Pero claro, la noticia no era esa, sino que estaban también invitados varios Senadores de la República, sí, esos mismos que han sido escogidos por todos nosotros para representar el interés común de toda la sociedad. No obstante la negativa de varios de ellos (todos supongo por razones de diversa índole), respondieron afirmativamente a la invitación los Senadores Alberto Espina y Carlos Ominami.

El ojo del crítico de cine Gonzalo Maza también estuvo ahí y reporteó todo lo que pasó después de la “regada” cena.

Alberto Espina salió a hablar primero. No digamos que tenía un público favorable. Una pequeñas pifias se escucharon al comienzo. Pero Espina fue astuto y dijo lo que presentes esperaban: que apoyaba a los artistas en su causa, que conocía sus trabajos, y que desde siempre los ha apoyado porque “los derechos intelectuales son parte de los derechos de propiedad”. Quizás su argumento más convincente fue cuando dijo que ya en el pasado había escuchado que “cosas malas” ocurrirían si se obligaba a los restaurantes y discotecas a pagar derechos de autor por la música… y finalmente nada pasó. Los restaurantes y discotecas siguen funcionando sin problemas. Espina sacó aplausos.

Con el público ya “caliente”, Carlos Ominami tenía que refrendar las palabras de su antecesor para salir con aplausos similares. Pero en una jugada incomprensible, Ominami empezó a decir que había que tener ojo con este proyecto, porque los artistas tenían que entender que había bienes sociales “superiores” que defender antes que los propios. Y mencionó los derechos de las radios comunales (ante lo que Ubiergo dijo: “no tenemos ningún problema con las radios comunales, tenemos problemas con los consorcios radiales”), y siguió diciendo que había límites para el derecho de propiedad (lo que no cayó nada bien y comenzó algunas pifias) y luego Ominami perdió el control, y en una onda muy laguista, empezó a retar a los asistentes por no saber dialogar ni escuchar algo distinto a lo que querían escuchar.

Y ahí todo explotó.

La pifiadera inundó la sala. Y Ana María Gazmuri, la actriz, tomó el micrófono e hizo la interpelación más impresionante que haya visto en alguna parte. La Gazmuri le dijo a Ominami que no podía decirles que no sabían conversar, porque para conversar primero ellos esperaban que el senador hubiera tenido algo que proponer. La Gazmuri se llevó los aplausos. Y Ubiergo, como un guanaco, dio por terminado el asunto y disipó a la multitud que consternada partió para su casa.

Claro, la misma entidad que pide un trato justo para algunos, la misma entidad que es la principal promotora de juicios por cobro de derechos de autor a pequeños locales comerciales, la misma que ha dicho que quienes pretendemos un derecho de autor equilibrado somos comunistas y comeguaguas, la misma que quiere hacerle creer que hay otros (porque no son ellos, claro que no) poderosos lobbys tras la ley, es la que quiere dirigir una vez más el debate sobre el derecho de autor en Chile.

Basta de mentiras y abusos. Queremos un trato justo para todos*.

fotoCC@nicoaracena

Paola Roncatti Galdames es bibliotecóloga documentalista y presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile. Ha representado en el Congreso y en el gobierno a un gremio que históricamente ha hecho usos justos y honestos de la información y de la cultura. A continuación, y en consideración de la opinión del abogado de la SCD Juan Antonio Duran, escribe sobre las razones de las bibliotecas para seguir luchando por una ley de Propiedad Intelectual más justa para todos. (Publicado también en Cartas al director del diario La Tercera del 29/10/08).

Han pasado varias semanas desde que nos enteramos del acuerdo entre Gobierno-Sociedad Chilena de Derecho de autor (SCD), crece el malestar, pero un malestar que va más allá del acuerdo, es pensar que el Gobierno, ente que protege a “todos los chilenos” para que se cumplan sus garantías constitucionales, gestione a escondidas un acuerdo que sólo “protege a un grupo”. ¿Esto puede ser considerado un trato justo para todos?, por supuesto que no, parece que la palabra “trato justo para todos” quedó en el olvido: olvidamos a los ciudadanos, a las bibliotecas, al sistema educativo, al desarrollo de un país.

Me pregunto hasta dónde llegar, si vale la pena todo el esfuerzo sobre humano que estamos realizando para lograr ser escuchados por los Senadores, por los Ministros, por el gobierno, por los ciudadanos, para conseguir un único objetivo, una ley justa, una ley equilibrada que permita integrar los intereses de artistas, creadores, instituciones culturales y  ciudadanos.

Esta no es una pelea contra los artistas, ni los músicos, como lo ha hecho creer la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), quien nuevamente miente y se vale de sus figuras para confundir a la audiencia. Esta es una pelea contra la injusticia de ver cómo instituciones y personas que han estado trabajando en el tema por años, son pasados a llevar sin ninguna explicación coherente por parte del Ministerio de la Cultura y las Artes.

Este acuerdo toca en forma negativa a muchos participantes de la discusión del proyecto de ley, pero en especial a las bibliotecas y sus usuarios. La SCD quiere cobrar por todo, por lo cual deja fuera excepciones que hemos estado esperando por años en nuestra legislación, las que son utilizadas a nivel internacional y que no han causado ningún perjuicio a la industria del libro.

Las excepciones y limitaciones lo que hacen es permitir usos razonables o incidentales por parte del público de ciertas obras, para su uso personal con la finalidad de la enseñanza y educación. Esto permite el acceso a los bienes culturales por parte de la ciudadanía, quienes son los principales productores de información.

Las bibliotecas caerán en la ilegalidad al momento de entregar una copia a un usuario o a un docente que necesita esa información para una clase o para una prueba o para un trabajo de investigación, un profesor será sancionado por traducir una obra en otro idioma para su clase, los centros educacionales como colegios, liceos, etc., no podrán tener copia para desarrollar un trabajo de investigación. ¿Qué logramos con esto?: frenar la labor docente, la investigación y por ende el desarrollo de un país.

Las bibliotecas han realizado por años prácticas honestas en el uso de la copia privada, para nosotros no hay un fin económico, sino uno mucho más noble: integrar a la ciudadanía a la sociedad del conocimiento, a través del acceso a los bienes culturales, con la finalidad de tener un país más culto.

La batalla recién comienza, pero estaremos unidos para logara una mejor legislación, que realmente sea justa para todos, y espero y tengo la esperanza que esto será entendido por los Senadores al momento de tomar una decisión respecto a la propiedad intelectual, que no se dejarán influenciar por un grupo pequeño, que sólo busca usufructuar a costa de los ciudadanos.