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El domingo 2 de noviembre nos encontramos con una nueva carta al director de La Tercera, referida al acuerdo UNA-SCD/Gobierno y las futuras modificaciones a la ley de propiedad intelectual. Se trata del texto de Fernando J. Fernández Acevedo, que pueden encontrar en Papel Digital. A continuación, un extracto:

Mediante este acuerdo, el gobierno se ha comprometido, entre otros, a retirar su apoyo a la incorporación de un cuerpo coherente de excepciones a los derechos de autor. Se pone, con ello, en serio riesgo una serie de bienes jurídico-sociales que estas excepciones intentan proteger, como la libertad de expresión, el acceso a la información, el incentivo a la creatividad, la innovación y la competitividad en los mercados.

De no incluirse tales excepciones, tanto nuestro sistema educacional, bibliotecas, futuros innovadores y sociedad en general se verán seriamente afectados por un cuerpo legal que ha sido redactado a la medida de los intereses de una minoría que dice representar a los autores.

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El sábado 1 de noviembre, Alberto Cerda, director de estudios de la ONG Derechos Digitales, escribió en la sección Cartas al Director de La Tercera sobre el acceso a la cultura de los discapacitados visuales.

Señor Director,

La Organización Mundial de Ciegos ha preparado recientemente un borrador de tratado internacional para garantizar el acceso a las obras artísticas y culturales por la población que sufre discapacidad visual. En Chile, un 5% de la población experimenta algún tipo de tal discapacidad, lo que obstaculiza su acceso a la lectura, las artes y, en general, su plena inserción social y cultural. Ello se agrava por la ausencia de normas apropiadas en la ley de derechos de autor, por estos días en el debate, que permita un uso adecuado de la obra.

El gobierno debe definir si hará propia tal iniciativa, apoyándola decididamente en la próxima reunión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual prevista para la próxima semana. Huelga decir que muchos esperamos que se tomen medidas que garanticen el acceso a la cultura a la población discapacitada en el mundo, tal como la aprobación de normas especiales en la polémica ley de propiedad intelectual.

Alberto Cerda Silva

En la edición del 21 de octubre de La Tercera, encontramos la carta al director escrita por Ricardo Vásquez Retamal, quien expone se opinión con respecto a la nueva ley de Propiedad Intelectual.

Señor director:

El debate con respecto a la Ley de Propiedad Intelectual ha tomado fuerza estos días en la “blogósfera” tras la difusión del acuerdo celebrado por la Sociedad de Derecho de Autor y el gobierno. En ese sentido, me decepciona lo virulento y desprolijo del lenguaje por parte de los artistas y autores quienes, en vez de esquivar lo facil de insultar en el anonimato, sin mayores fundamentos tildan de “mentirosos” a quienes están en contra de su posición.

El resto de la carta, la pueden encontrar por Papel Digital.

webcomic con CC@xkcd

Stephanie Lenz es una mamá chocha. Es febrero de 2007 y Holden, su hijo de un año, corre por la cocina de su casa al ritmo de Let’s Go Crazy de Prince. Son 30 segundos de video casero, en los que el pequeño afirmado a un andador goza al ritmo de la música. Es un momento clásico de YouTube: un video familiar como cientos, compartido para la familia y los amigos; pero que, para los abogados de Universal Music – en representación de la titularidad del autor de la canción –, constituía un uso impropio. Así, Lenz vio súbitamente desaparecer el video, pues la disquera obligó al sitio web a bajar las imágenes donde la canción es casi imperceptible debido a la saturación del audio.

Este caso demuestra que hay una tendencia clara a usar el derecho de autor como un caballito de batalla por parte de los titulares de las creaciones de los artistas, que buscan llenar sus alicaídas arcas hurgando en los bolsillos de ciudadanos que jamás han tenido ánimo alguno de lucro.

A la larga, el “acuerdo secreto” de la SCD – parte de la Unión Nacional de Artistas de Chile, UNA – y los ministros Viera‐Gallo y Urrutia busca inhibir, en uno de sus puntos, una manera de expresión que viene impresa en el ADN de esta generación. Que Santiago Schuster, el director de la sociedad de gestión, declare públicamente que los usuarios necesitamos banda ancha sólo para ponernos un parche en el ojo, es demonizar a cada uno de quienes utilizamos Internet y es hablar con desconocimiento del rol y el potencial de la red de redes para la difusión de la cultura; desafortunadamente, mientras se mantenga el nivel de desconocimiento y descalificación por parte de los artistas y quienes los representan, cientos de recuerdos como los de Holden continuarán siendo materia de desencuentros por un largo tiempo, y nos harán volver a lo mismo una y otra vez.

La industria del entretenimiento no ha podido doblarle la mano a la tecnología, y demonizar la red como lo hicieron con el VHS en 1982 no tiene sentido hoy. Por ello, la declaración en Chile no va por atacar el trabajo del artista y matar su forma de vida. El punto está en trabajar y dialogar para que las modificaciones de la LPI no solo satisfagan al público, sino que también beneficien a quienes crean con excepciones que permitan un uso justo.

Así, las bibliotecas para ciegos no caerían en un ilícito solo por existir; al usar citas en una tesis universitaria no estaría cayendo en un acto ilegal, y también evitaríamos que la cinta magnética que contiene uno de los últimos conciertos del maestro Claudio Arrau no se siga llenando de hongos en la sala Eloísa Díaz de la Universidad de Chile. Claramente, eso no suena a utilizar la tecnología para matar la música o los libros a mano armada.

Estamos entrampados hoy en una vetusta maraña legal que hoy frena la libertad de expresión y el incesante desarrollo de la cultura. Ojalá no lleguemos siquiera a pensar en atacar a una madre, su hijo y a sus recuerdos familiares en nombre de un ilícito absurdo. Lo que debiéramos construir son propuestas que nos lleven hacia un trato justo para todos – para los artistas, para los autores y para los ciudadanos – y dejar la criminalización de cómo tu y yo usamos la tecnología para crear y compartir solo como un mal sueño. No cuesta nada.

Señor Director:

¿Qué haríamos en las universidades sin copias de los apuntes? ¿Cómo estudiarían nuestros alumnos si no hubiera excepciones a los derechos de propiedad sobre libros, revistas o archivos digitales? ¿Cómo acceder a versiones en castellano de textos actualizados si no es por la vía de la traducción de material original? Este uso justo era una de las fortalezas del proyecto inicial de Ley de Propiedad Intelectual.

Después de conocerse el acuerdo entre la SCD y la ministra Urrutia que zanja lo central del proyecto -preocupante en un debate que debiera jactarse de transparente- entendemos que la voluntad del gobierno es no extender el beneficio de uso justo de libros, revistas y material electrónico a centros de estudios, dado que a juicio de la SCD lo que habría detrás no es genuina difusión del conocimiento sino un ánimo de lucro visible en las “inmensas sumas en publicidad y marketing” que se gastan.

Esto pone a profesores y alumnos de educación superior en una posición insostenible: cada vez que distribuyamos o recomendemos textos en que sólo circulan en copias estaremos fuera de la ley. Un error garrafal del gobierno que sólo ha puesto atención a los argumentos de una parte de los actores (la SCD). La cultura no es equivalente a los intereses representados por este gremio.