Cuando se atestiguan batallas legales sobre el devenir de la propiedad intelectual en Internet como las acaecidas en España, se puede tener conciencia de la magnitud de lo que estaba en juego en la última modificación a la ley de propiedad intelectual chilena, y en lo logrado en términos de protección a los derechos ciudadanos en el entorno digital.

Así hoy vemos con perplejidad cómo en España, con la excusa de la protección de los derechos de autor en la web, las políticas públicas disponen un organismo de carácter policial que no solo amenaza la libre expresión de los ciudadanos, sino que el desarrollo democrático de un medio como Internet que, gracias a sus bajos costos, permite mostrar voces antes inapreciables en los medios tradicionales e idear nuevos modelos de negocios y estadios de creatividad.

Este es el caso de la recién creada Comisión de Propiedad Intelectual de España, organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, que tendrá el poder de bloquear sitios de Internet que alojen o faciliten sin permiso enlaces de obras sujetas a derechos de autor (música, videos, fotografías, textos, etc.). De esta manera, las compañías de acceso a Internet tienen la obligación de dar datos personales de los usuarios a esta comisión cuando los solicite, y si se comprueba la falta y no se atienden los llamados de advertencia de este organismo, éste puede ordenar el bloqueo de una web en particular, sin intervención previa del juez salvo que la misma comisión lo decida.

En otras palabras, el ciudadano interpelado por la comisión no tiene posibilidad alguna de defenderse ni de exponer sus argumentos frente a una instancia neutra, garante de derechos, como es la Justicia en todo país democrático.

La polémica no se ha hecho esperar en España y ya agrupaciones de ciudadanos han redactado un manifiesto llamado “En defensa de los derechos fundamentales en Internet” donde, en 10 puntos, se expone el peligro inminente a los derechos humanos que significa la creación de esta Comisión de Propiedad Intelectual.

La situación española por cierto recuerda una de las discusiones más polémicas en la nueva ley de propiedad intelectual chilena: la idea de algunos agrupaciones de defensa de derecho de autor que buscaba que fuera suficiente solo un trámite administrativo (por ejemplo, una carta certificada de parte del titular de los derechos de autor de una obra) para bloquear o eliminar un contenido de Internet.

Fue gracias a la presión ciudadana de miles de chilenos que se organizaron a través de instancias online como offline, lo que permitió que en el Congreso se velara no solo por la justa protección a los derechos de autor, sino también por la defensa de los derechos del resto de los ciudadanos. Así, no solo se estableció que fueran los tribunales los que determinaran el carácter ilícito de un contenido en Internet, sino que además se aprobaron Usos Justos que por primera vez garantizaban derechos de acceso a obras intelectuales a los chilenos, entre otros avances.

No está todo ganado. La situación de España no solo recuerda que hay mucho que avanzar en el fortalecimiento del acceso a la cultura en Chile (como por ejemplo, establecer una política pública sistemática de fortalecimiento y difusión de nuestro patrimonio cultural común), sino que también es una alarma para no olvidar cómo Internet es hoy un campo de disputas que no puede llevar a los ciudadanos a bajar la guardia. Los intereses comerciales y las presiones privadas a los organismos públicos son una amenaza latente para los derechos ciudadanos en el entorno digital.

*Foto CC BY Arguez NC – SA.

**Articulo originalmente publicado acá.

Durante los últimos días una nueva polémica ha acaparado titulares en la prensa y opiniones diversas en la red. Todo, por una denuncia del diputado UDI Gonzalo Arenas sobre la supuesta promoción a la censura de Internet por parte del proyecto de ley que busca una reforma a la actual regulación de propiedad intelectual. Tanto es así, que el diputado no duda en afirmar que esta nueva ley permitiría el corte de las conexiones de los usuarios que comparten contenidos en la red, según la sola voluntad de los prestadores de servicios de Internet (ISPs). Ante tales denuncias, ¿cuánto de esto es cierto?

Desde mayo de 2007, en el Congreso se encuentra en tramitación un proyecto que reforma la ley 17.336 de propiedad intelectual, que tiene como uno de sus fines principales, la modernización de la ley a los tiempos digitales. El artículo al que apunta la polémica es el 85 T (que supone el bloqueo de buena fe por parte de un ISP) y que, efectivamente, puede implicar un tremendo riesgo desde el punto de vista de la protección de garantías constitucionales como la libertad de expresión.

Dicho artículo, por lo demás, entra en abierta contradicción con el principio establecido en el mismo proyecto de ley, que considera que para que haya bajada de contenidos por parte de un ISP, debe existir previamente una resolución judicial, a diferencia del sistema de notificación privada que pretendían sellos discográficos y entidades de gestión colectiva.

No eliminar el artículo 85 T podría constituirse en una fuente maliciosa de abusos contra los usuarios de Internet. No obstante, y acá la gran diferencia con las alarmistas consideraciones de ciertos grupos, este artículo no implica que el proyecto de ley tenga como objetivo promover la censura en la red. De hecho, el que sea un juez el que intermedie en el caso constituye, sin lugar a dudas, una garantía tanto para autores como ciudadanos que se debe defender.

Las infundadas alarmas solo llevan a desinformación y ponen un paño de dudas a un proyecto de ley que, no exento de polémicas, ha logrado gracias al esfuerzo de distintas agrupaciones ciudadanas y de patrimonio, adelantos que hasta hace algunos años eran impensables, entre ellos: el establecimiento de una serie de  excepciones para fines educacionales, un régimen de autorizaciones para bibliotecas y de usos justos a favor de los ciudadanos, etc. Y aunque se echan de menos cuestiones sustanciales como, por ejemplo, establecer una política pública de fortalecimiento y difusión de nuestro patrimonio cultural común, es un proyecto que sin lugar a dudas da un paso adelante en modernizar la actual ley a los tiempos digitales.

Que no sean las presiones políticas o eventuales oportunismos electorales de diversos sectores políticos, los que desinformen sobre la importancia de tener una nueva ley de propiedad intelectual justa y moderna, que por primera vez tome en cuenta de manera seria los intereses de los ciudadanos y del patrimonio cultural chileno.

• Articulo originalmente publicado en ONG Derechos Digitales.
• Foto CC by dezeta

Las comisiones Unidas de Economía y Educación de el Senado están analizando el proyecto que modifica la Ley de Propiedad Intelectual. Ayer se reunieron y hubo algunas interesantes novedades, informadas por el senador y presidente de las comisiones unidas, Guillermo Vásquez, a la web del Senado. En sus declaraciones:

“Se acordaron algunas excepciones respecto de la reprografía, esto es, a los derechos de reproducción de material de libros o fragmentos de libros o de publicaciones, con las limitaciones que dicen relación con beneficios hacia los estudiantes y hacia las bibliotecas que no  tengan fines lucrativos”.

“Se acepta que se aplique tanto el concepto de autor como el de titular de derecho de autor, pues al aplicarse solamente titular de derecho de autor, la SCD decía que no era suficiente”.

“También se acordaron limitaciones y excepciones respecto de fines comerciales, fines lucrativos y fines de lucro y la Comisión decidió mantener una serie de excepciones sin fines lucrativos. Con respecto a los transportadores de información electrónica, los ISP, quedaron de acuerdo respecto a la liberación de la responsabilidad por la mera transmisión si ellos no intervienen en el contenido”.

“Pensamos que si bien el Ejecutivo pudo haber llegado a algunos acuerdos, nosotros mantuvimos los criterios que ya venían siendo desarrollados por las Comisiones”.

Por cierto, la noticia ampliada y con detalles la pueden encontrar acá.

Trato Justo Para Todos* reitera el llamado a todos los interesados a seguir trabajando por una ley justa para los artistas, pero también para TODOS LOS CIUDADANOS.

*Foto CC@La oPiñón

fotoCC@mermadon 1967

Los intereses de los que usan como excusa la protección de los derechos de autor para tener información sobre la intimidad de cada ciudadano internauta, parecen prevalecer a pesar de las advertencias.

La enmienda 138 del Parlamento Europeo (“Ninguna restricción a los derechos y libertades fundamentales ha de ser impuesta sin la resolución previa de las autoridades judiciales“) no ha sido incluida por los ministros de Telecomunicaciones en el Consejo de la Unión Europea, los cuales aceptaron por unanimidad el texto presentado por Francia, presidente de turno de la UE y que por tanto modera las discusiones.

¿Les suena Francia y la ley Sarkozy?: Suspensión de la conexión a la red de los usuarios que descarguen archivos ilegalmente. Sí, con la ley Sarkozy y también con la poco seria propuesta de Trato Justo Artistas de hacer pagar a las ISP’s sin aclarar cómo no pasar a llevar los derechos fundamentales de los internautas, nos hacemos la misma pregunta que se hace el diario Público:

¿Debe ser un juez quien decida cuándo se comete un delito en la Red o pueden hacerlo las compañías proveedoras de Internet?

Sí, trato justo para los artistas, pero… ¿qué tal también incluir un trato justo en los derechos fundamentales de todos los ciudadanos?

viñeta publicada en el Diario de Mallorca

Mientras seguimos esperando una propuesta contundente de los que piensan que “la banda ancha se basa en la difusión de obras de artistas y autores, pero no se les paga nada“, sobre cómo hacer un sistema de cobros a las ISP que no perjudique económicamente a los usuarios y que no viole su intimidad ni privacidad, rescatamos este informe que salió hace algunos días de parte de los Ministros de Cultura de la Unión Europea, en el que se afirma que:

- la protección de la propiedad intelectual no puede vulnerar, en ningún caso, derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.

- la distribución en línea de material cultural y creativo, en particular vía Internet, proporciona una oportunidad enorme para que todo el mundo pueda tener acceso a la cultura, para el desarrollo económico, el empleo y la diversidad cultural.

Via: Mangas Verdes.

foto@Armando Torrealba

Armando Torrealba es diseñador gráfico y músico. El año 2007 fue afectado directamente por el uso indebido de una pieza gráfica (logo Panda Punk) de su propiedad intelectual y licenciada bajo Creative Commons, caso que finalmente fue ganado. Parte de la indemnización, Armando lo donó a la Comunidad “LinuxChillán”, aporte que terminó en el equipamiento de un laboratorio computacional con software libre en la escuela E-210 de Chillán.

En el presente artículo, Armando ha querido participar en el debate propuesto por Trato Justo Para Todos. Acá, da su particular visión de que la solución a las nuevas tribulaciones de la industria musical no pasan por cobrarles un porcentaje a los ISP’s, sino que por adaptarse y usar la tecnología a favor de los artistas.

Hace muy poco llegué a Chile después de un muy largo viaje y típico que tus amigos te ponen al tanto de las cosas que están pasando en el país. Pero la noticia que me hizo parar en seco y preguntar “¿En serio?”, fue cuando me comentaron que la SCD quería cobrarles un porcentaje a las ISP’s por derechos de autor de las “eventuales” descargas de su material.

Tuve que darme un segundo para poder entender tamaña estupidez. Me hubiese gustado saber qué habían consumido en la reunión donde llegaron a esa brillante solución, y hasta me da algo de miedo pensar en cuáles fueron las medidas que dejaron fuera cuando eligieron ésta: instalar una brigada de inspectores de reproductores MP3 en todo Chile o pedir una subvención al Ministerio de Cultura tal como el que se aplica a los combustibles. Pero hablando en serio: ¿habrá pasado por sus cabezas que la solución es adaptarse a los nuevos tiempos?

Los artistas están actuando de la misma forma que los sellos multinaciones a los que han criticado siempre, y ahora que ya no están estas industrias discográficas para que trabajen por ellos y les den la comida en la boca, quieren que ese rol lo cumplan las ISP’s.

Me gustaría referirme a un recital al que fui recientemente, pues es una fiel muestra de cómo funciona el mercantilismo en la música actualmente. Estando en Ámsterdam, fui a ver a una de mis bandas favoritas.  Como turista, obviamente no conocía a nadie. Después de un rato, se sienta un chico al lado mío y me dice: “hola, soy Ziv, soy israelita y vine a ver a Converge”. Estuvimos hablando un rato, y en un momento me dice: “tengo una banda en mi país, me gustaría que la escucharas” y saca de su bolso un CD y me lo regala. Le di las gracias y bastante sorprendido, me quedé mirando cómo hizo lo mismo con mucha gente a lo largo del recital.

Sinceramente, no creo que este chico tenga una grave enfermedad donde vomita materia prima para hacer CD’s y por eso los anda regalando. De hecho, creo que Ziv fue muy inteligente. En un país muy cosmopolita, aprovechó de ir a un show donde todos escuchábamos el mismo tipo de música que él tocaba y así dar a conocer su banda. No sé cuáles habrán sido los resultados, pero Ziv se dio el trabajo de buscar una alternativa.

Ejemplos así hay muchos. No sé si estos señores “artistas” (espero que el término artista no pase a ser uno peyorativo debido a todo este disparate que se les ocurrió) han ido a algún show independiente, de estos que hacen por montones en Santiago, donde las bandas se arman sus propios shows, editan sus propios CD’s, los publican en la red y ellos mismos comercializan su material.

Señores artistas: los tiempos han cambiado, los discos hoy en día son flyers multimedia. Seguramente fue bonito recibir royalties del sello por las ventas de sus discos sentaditos en su casa, pero los tiempos cambiaron. En un mundo de teléfonos táctiles, de videoconferencias, de computadores ultra pequeños, ¿realmente creen que hay lugar para ustedes y sus CD’s? Quizás antes grabar, producir y fabricar un disco era un proceso carísimo, pero ya no. Y por eso hay miles de artistas en todo el mundo aprendiendo a producir, a grabar, a editar, montones de e-labels, grupos con sus diversos soportes tecnológicos, etc. Deberían entenderlo: el problema no es la tecnología, el problema son los que no se adecuan a ella.

:::

Temas relacionados: columna en Trato Justo Para Todos del músico Andrés Valdivia “Cuando el status quo atenta contra la cultura”.