Cuando se atestiguan batallas legales sobre el devenir de la propiedad intelectual en Internet como las acaecidas en España, se puede tener conciencia de la magnitud de lo que estaba en juego en la última modificación a la ley de propiedad intelectual chilena, y en lo logrado en términos de protección a los derechos ciudadanos en el entorno digital.

Así hoy vemos con perplejidad cómo en España, con la excusa de la protección de los derechos de autor en la web, las políticas públicas disponen un organismo de carácter policial que no solo amenaza la libre expresión de los ciudadanos, sino que el desarrollo democrático de un medio como Internet que, gracias a sus bajos costos, permite mostrar voces antes inapreciables en los medios tradicionales e idear nuevos modelos de negocios y estadios de creatividad.

Este es el caso de la recién creada Comisión de Propiedad Intelectual de España, organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, que tendrá el poder de bloquear sitios de Internet que alojen o faciliten sin permiso enlaces de obras sujetas a derechos de autor (música, videos, fotografías, textos, etc.). De esta manera, las compañías de acceso a Internet tienen la obligación de dar datos personales de los usuarios a esta comisión cuando los solicite, y si se comprueba la falta y no se atienden los llamados de advertencia de este organismo, éste puede ordenar el bloqueo de una web en particular, sin intervención previa del juez salvo que la misma comisión lo decida.

En otras palabras, el ciudadano interpelado por la comisión no tiene posibilidad alguna de defenderse ni de exponer sus argumentos frente a una instancia neutra, garante de derechos, como es la Justicia en todo país democrático.

La polémica no se ha hecho esperar en España y ya agrupaciones de ciudadanos han redactado un manifiesto llamado “En defensa de los derechos fundamentales en Internet” donde, en 10 puntos, se expone el peligro inminente a los derechos humanos que significa la creación de esta Comisión de Propiedad Intelectual.

La situación española por cierto recuerda una de las discusiones más polémicas en la nueva ley de propiedad intelectual chilena: la idea de algunos agrupaciones de defensa de derecho de autor que buscaba que fuera suficiente solo un trámite administrativo (por ejemplo, una carta certificada de parte del titular de los derechos de autor de una obra) para bloquear o eliminar un contenido de Internet.

Fue gracias a la presión ciudadana de miles de chilenos que se organizaron a través de instancias online como offline, lo que permitió que en el Congreso se velara no solo por la justa protección a los derechos de autor, sino también por la defensa de los derechos del resto de los ciudadanos. Así, no solo se estableció que fueran los tribunales los que determinaran el carácter ilícito de un contenido en Internet, sino que además se aprobaron Usos Justos que por primera vez garantizaban derechos de acceso a obras intelectuales a los chilenos, entre otros avances.

No está todo ganado. La situación de España no solo recuerda que hay mucho que avanzar en el fortalecimiento del acceso a la cultura en Chile (como por ejemplo, establecer una política pública sistemática de fortalecimiento y difusión de nuestro patrimonio cultural común), sino que también es una alarma para no olvidar cómo Internet es hoy un campo de disputas que no puede llevar a los ciudadanos a bajar la guardia. Los intereses comerciales y las presiones privadas a los organismos públicos son una amenaza latente para los derechos ciudadanos en el entorno digital.

*Foto CC BY Arguez NC – SA.

**Articulo originalmente publicado acá.

FotoCC@Freyja*

Los hechos son simples: existía una mesa de trabajo a la que todos los actores involucrados en la creación de una nueva ley estaban llamados a participar. Se estaba llegando a acuerdo. Pero de la noche a la mañana, la SCD (Sociedad del Derecho de Autor, que supuestamente representa a los creadores de Chile) y el Gobierno cerraron su propio acuerdo para hacer modificaciones a la ley, las que dejarían la gran parte de nuestras actividades diarias ligadas al contenido en la zona del delito. Por ejemplo: pasar tus CDs al iPod estará prohibido, ponerle música a un powerpoint para una presentación escolar, también. Es decir, la protección a los creadores será tan desequilibrada que pasaremos de ser un país de piratas. La semántica en este ámbito es central y la palabra aquella (pirata, piratería) pareciera estar en boca de nuestros legisladores para describir una enorme cantidad de actividades que nada tienen que ver con el lucro a través de contenido protegido. Y aquí es donde está el centro del asunto: una ley de derecho de autor que no distingue entre el uso con fines de lucro y el uso “justo” (sin fines de lucro) en un contexto digital es una ley que nace muerta.

Lo anterior lo escribió el músico y una de las cabezas de Podcaster.cl, Andrés Valdivia, en la Revista Capital número 240 (31 de octubre al 13 de noviembre de 2008). Si quieres leer el texto completo, haz clic acá.

Probablemente, el diario La Tercera es el medio de comunicación masiva que más cobertura le ha dado al debate sobre la futura ley de propiedad intelectual. Con la publicación de cartas al director, columnas y algunas notas  respecto al tema, no es de extrañar que su editorial se haya pronunciado como lo hizo en la edición de hoy, 3 de noviembre (página 3, también en Papel Digital). A continuación, algunos extractos:

“Sin embargo, se ha generado un conflicto por la determinación del precio a pagar y de lo que se considera un uso justo de las obras. En lo primero, la propuesta contenida en el proyecto de ley es que cuando no haya acuerdo, el precio lo resuelva un arbitraje.

Esta propuesta se hace cargo de una recomendación que había hecho el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que también propueso excluir la posibilidad de que las tarifas fueran discriminatorias. Sin embrago, ha trascendido que el Ejecutivo habría concordado con las agrupaciones de autores la eliminación de la obligatoriedad del arbitraje, con lo que los últimos fijarían unilateralmente el precio”.

Más adelante:

“Los desafíos planteados por la tecnología a la protección de los derechos de autor deben ser resueltos promoviendo, en primer lugar, una cultura de mayor respeto por ellos de parte de la población, principalmente a través de la educación.

Asimismo, es indispensable que los cambios legales que se impulsen para concretar esta protección mantengan un equilibrio entre la compensación por el uso de los derechos y la necesidad de dar acceso a las creaciones”.

imagenCC@psd

La siguiente opinión ha sido escrita por Claudio Magliona, abogado de García Magliona y Cía. Ltda. LLM in Law, Science & Technology, Stanford Law School.

Es por todos sabido que un buen indicador de desarrollo país radica no sólo en el porcentaje de recursos que un Estado destina a Investigación y Desarrollo (I+D), sino también en los marcos legales que despliega para el incentivo y protección de la propiedad intelectual.

En ese contexto, en estos días el Senado se encuentra abocado a modificar la Ley de Propiedad Intelectual. Una correcta modificación debe lograr establecer un régimen de derecho que permita impulsar el crecimiento de la economía a través del desarrollo de tecnologías de la información y alcanzar los estándares necesarios para corregir prácticas como la piratería y el plagio, tan cuestionadas por el concierto internacional.

Ahora bien, es importante que los legisladores tomen en cuenta a la hora de la discusión legislativa, que una excesiva protección de la propiedad intelectual es un ingrediente que puede terminar limitando el desarrollo de las nuevas tecnologías y más grave aún, obstaculizar el acceso a tecnologías tan importantes como la banda ancha. Por lo mismo, se debe establecer con claridad no sólo el alcance de los derechos de autor sino que también, y muy importante, sus limitaciones y excepciones.

En el mundo digital y de redes, donde el tráfico comercial y jurídico es constante, y motor de las economías, las carreteras digitales no pueden ser sometidas a la voluntad de la propiedad intelectual. El trafico de las carreteras digitales no sólo se compone de elementos protegidos por la propiedad intelectual, sino que muy por el contrario, se compone mayoritariamente de tráfico de la más variada naturaleza, desde simple información hasta complejas transacciones bursátiles y financieras.

En ese sentido, si una economía de información quiere ser exitosa, es necesario que el nuevo marco regulatorio incorpore una perspectiva equilibrada de los derechos de propiedad intelectual, protegiendo tanto a los desarrolladores como permitiendo el libre tráfico económico, comercial y legal.

La propiedad intelectual no debe ser sobre protegida, porque aquello provocará que sea utilizada para propósitos para los cuales no fue creada. El principal objetivo de la propiedad intelectual consiste en otorgar incentivos a los autores para que desarrollen, para que luego de un determinado espacio de tiempo, ese desarrollo entre al dominio público para que contribuya a su vez al desarrollo de nuevos productos. Olvidar el objetivo mencionado, convertirá a la propiedad intelectual en un obstáculo al acceso al conocimiento, limitando la posibilidad de Chile de ubicarse finalmente, dentro del selecto grupo de los países productores y exportadores de tecnología.

]]> http://www.tratojustoparatodos.cl/2008/10/22/exceso-de-propiedad-intelectual-%c2%bfincentivo-u-obstaculo-para-el-desarrollo-de-nuevas-tecnologias/feed/ 0 http://www.tratojustoparatodos.cl/2008/10/20/la-falsa-guerra-contra-la-creatividad/ http://www.tratojustoparatodos.cl/2008/10/20/la-falsa-guerra-contra-la-creatividad/#comments Mon, 20 Oct 2008 14:24:01 +0000 paz http://www.tratojustoparatodos.cl/?p=557

webcomic con CC@xkcd

Stephanie Lenz es una mamá chocha. Es febrero de 2007 y Holden, su hijo de un año, corre por la cocina de su casa al ritmo de Let’s Go Crazy de Prince. Son 30 segundos de video casero, en los que el pequeño afirmado a un andador goza al ritmo de la música. Es un momento clásico de YouTube: un video familiar como cientos, compartido para la familia y los amigos; pero que, para los abogados de Universal Music – en representación de la titularidad del autor de la canción –, constituía un uso impropio. Así, Lenz vio súbitamente desaparecer el video, pues la disquera obligó al sitio web a bajar las imágenes donde la canción es casi imperceptible debido a la saturación del audio.

Este caso demuestra que hay una tendencia clara a usar el derecho de autor como un caballito de batalla por parte de los titulares de las creaciones de los artistas, que buscan llenar sus alicaídas arcas hurgando en los bolsillos de ciudadanos que jamás han tenido ánimo alguno de lucro.

A la larga, el “acuerdo secreto” de la SCD – parte de la Unión Nacional de Artistas de Chile, UNA – y los ministros Viera‐Gallo y Urrutia busca inhibir, en uno de sus puntos, una manera de expresión que viene impresa en el ADN de esta generación. Que Santiago Schuster, el director de la sociedad de gestión, declare públicamente que los usuarios necesitamos banda ancha sólo para ponernos un parche en el ojo, es demonizar a cada uno de quienes utilizamos Internet y es hablar con desconocimiento del rol y el potencial de la red de redes para la difusión de la cultura; desafortunadamente, mientras se mantenga el nivel de desconocimiento y descalificación por parte de los artistas y quienes los representan, cientos de recuerdos como los de Holden continuarán siendo materia de desencuentros por un largo tiempo, y nos harán volver a lo mismo una y otra vez.

La industria del entretenimiento no ha podido doblarle la mano a la tecnología, y demonizar la red como lo hicieron con el VHS en 1982 no tiene sentido hoy. Por ello, la declaración en Chile no va por atacar el trabajo del artista y matar su forma de vida. El punto está en trabajar y dialogar para que las modificaciones de la LPI no solo satisfagan al público, sino que también beneficien a quienes crean con excepciones que permitan un uso justo.

Así, las bibliotecas para ciegos no caerían en un ilícito solo por existir; al usar citas en una tesis universitaria no estaría cayendo en un acto ilegal, y también evitaríamos que la cinta magnética que contiene uno de los últimos conciertos del maestro Claudio Arrau no se siga llenando de hongos en la sala Eloísa Díaz de la Universidad de Chile. Claramente, eso no suena a utilizar la tecnología para matar la música o los libros a mano armada.

Estamos entrampados hoy en una vetusta maraña legal que hoy frena la libertad de expresión y el incesante desarrollo de la cultura. Ojalá no lleguemos siquiera a pensar en atacar a una madre, su hijo y a sus recuerdos familiares en nombre de un ilícito absurdo. Lo que debiéramos construir son propuestas que nos lleven hacia un trato justo para todos – para los artistas, para los autores y para los ciudadanos – y dejar la criminalización de cómo tu y yo usamos la tecnología para crear y compartir solo como un mal sueño. No cuesta nada.

FotoCC@Pablo Embry

Pobreza. Una palabra que estoy extrañando en el debate actual sobre la reforma a nuestra ley de propiedad intelectual. ¿Se puede siquiera discutir sobre el derecho de autor y el acceso a la cultura y no mencionar su importancia en el combate a la pobreza?

Equidad. Otra palabra que está sonando poco. Esa es la cancha que cualquier futura norma debiera garantizar. Equidad en el trato para los creadores, por cierto. Pero equidad -sobre todo- para los millones de compatriotas que viven en condición de pobreza, y para los que las bibliotecas, los telecentros, los cibercafés y otros espacios de acceso comunitario a información y conocimiento son su única forma de acceder a los bienes culturales.

Siempre he creído que no hay forma de pensar en un Chile desarrollado, si todos nuestros compatriotas no tienen asegurado un acceso equitativo a la cultura. Esa convicción, que he reforzado en estos ya más de diez años trabajando en la Dibam, se funda en una noción clara del rol que la cultura juega en la calidad de vida de las personas, en su capacidad de soñar con un mejor futuro, en su posibilidad de reconocer su(s) identidad(es) y desde ella(s) proyectarse.

Por ello, cualquier reforma a la ley que haga una defensa a ultranza de los derechos de autor, por sobre los derechos de quienes desean acceder a la cultura, será fuente de inequidad, será fuente de pobreza. En Chile, con su extrema desigualdad en la distribución de la riqueza, la cultura se convertirá en un lujo. Por esa senda, llegará el día en que para leer un libro en una biblioteca pública, habrá que pagar. Para ver una película, habrá que pagar. Para conectarse a Internet, habrá que pagar. Llegará un día en el que para entrar a una biblioteca pública habrá que pagar.

Frente a los que atacan desde sus atalayas y tildan de lumpen digital a los que estamos por una cultura abierta, basada en el crecer compartiendo, yo respondo: sí, yo estoy por un trato justo para todos, pero en especial para aquellos de nosotros que más necesitan de ese acceso para romper con siglos de explotación, con décadas de exclusión, con generaciones viviendo en la pobreza.