Durante estos últimos días, el músico Bradford Cox (vocalista de Deerhunter) subió 4 EPs de Atlas Sound (proyecto solista) a su propio blog,  para que los fans de todo el orbe los bajaran de manera libre. Pero resulta que, a pesar de ser  el autor de las obras y de que las ha compartido por Internet voluntariamente, le ha llegado un aviso implacable: “Your Files Have Been Deleted” (“Sus archivos han sido borrados”).

Así es, Sony Music ha dado el aviso de que Cox ha cometido una ilegalidad al compartir su música, pues se trataría “reproducción no autorizada y distribución de grabaciones de sonido con derechos de autor o de propiedad exclusiva”.

Cox, por mientras, ha repuesto los links a sus EPs en el blog y ha hecho un llamado público a sus fans para que se comuniquen con Sony Music y les hagan saber lo que piensan de esta absurda situación.

*Foto CC By Quique López.

Hace unas semanas el presidente de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, en sus siglas en inglés), Cary Sherman, afirmó que las leyes de protección de los derechos de autor estadounidenses no son suficientes para proteger a los creadores, asunto que a su parecer, permite que los proveedores de Internet hagan la vista gorda ante posibles infracciones.

Según detalla el artículo publicado en CNET News,  parte de las soluciones planteadas en su ponencia, Sherman sentenció que sería ideal firmar acuerdos informales con los intermediarios (empresas de hosting, anunciantes o motores de búsqueda) y, al mismo tiempo, endurecer el proyecto de neutralidad en la Red desarrollado por Google y Verizon.

Iniciativas que desde el punto de vista de los usuarios, lo único que intentan es prolongar la existencia de un modelo de negocios que poco a poco va quedando obsoleto y que no toma en cuenta las potencialidades del uso de las tecnologías en beneficio de todos los que acceden a Internet.

“Cuando al Copyright le va mal” es un cortometraje hecho por la organización “Consumers International”, y dirigido por Ben Cato Clough y Luke Upchurch, que explica cómo los derechos de autor se han transformado en uno de los hechos más importantes para los consumidores de la era digital.

Así, en el corto se documenta por qué el lobby de las empresas quiere criminalizar las acciones de cientos de miles de consumidores en Internet; y qué depara el futuro en la lucha por leyes de copyright más justas.

La película se puede encontrar en inglés, francés y español, y está licenciada con Creative Commons Attribution 3.0.

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Nota publicada también en ONG Derechos Digitales y Creative Commons Chile.

Cuando se atestiguan batallas legales sobre el devenir de la propiedad intelectual en Internet como las acaecidas en España, se puede tener conciencia de la magnitud de lo que estaba en juego en la última modificación a la ley de propiedad intelectual chilena, y en lo logrado en términos de protección a los derechos ciudadanos en el entorno digital.

Así hoy vemos con perplejidad cómo en España, con la excusa de la protección de los derechos de autor en la web, las políticas públicas disponen un organismo de carácter policial que no solo amenaza la libre expresión de los ciudadanos, sino que el desarrollo democrático de un medio como Internet que, gracias a sus bajos costos, permite mostrar voces antes inapreciables en los medios tradicionales e idear nuevos modelos de negocios y estadios de creatividad.

Este es el caso de la recién creada Comisión de Propiedad Intelectual de España, organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, que tendrá el poder de bloquear sitios de Internet que alojen o faciliten sin permiso enlaces de obras sujetas a derechos de autor (música, videos, fotografías, textos, etc.). De esta manera, las compañías de acceso a Internet tienen la obligación de dar datos personales de los usuarios a esta comisión cuando los solicite, y si se comprueba la falta y no se atienden los llamados de advertencia de este organismo, éste puede ordenar el bloqueo de una web en particular, sin intervención previa del juez salvo que la misma comisión lo decida.

En otras palabras, el ciudadano interpelado por la comisión no tiene posibilidad alguna de defenderse ni de exponer sus argumentos frente a una instancia neutra, garante de derechos, como es la Justicia en todo país democrático.

La polémica no se ha hecho esperar en España y ya agrupaciones de ciudadanos han redactado un manifiesto llamado “En defensa de los derechos fundamentales en Internet” donde, en 10 puntos, se expone el peligro inminente a los derechos humanos que significa la creación de esta Comisión de Propiedad Intelectual.

La situación española por cierto recuerda una de las discusiones más polémicas en la nueva ley de propiedad intelectual chilena: la idea de algunos agrupaciones de defensa de derecho de autor que buscaba que fuera suficiente solo un trámite administrativo (por ejemplo, una carta certificada de parte del titular de los derechos de autor de una obra) para bloquear o eliminar un contenido de Internet.

Fue gracias a la presión ciudadana de miles de chilenos que se organizaron a través de instancias online como offline, lo que permitió que en el Congreso se velara no solo por la justa protección a los derechos de autor, sino también por la defensa de los derechos del resto de los ciudadanos. Así, no solo se estableció que fueran los tribunales los que determinaran el carácter ilícito de un contenido en Internet, sino que además se aprobaron Usos Justos que por primera vez garantizaban derechos de acceso a obras intelectuales a los chilenos, entre otros avances.

No está todo ganado. La situación de España no solo recuerda que hay mucho que avanzar en el fortalecimiento del acceso a la cultura en Chile (como por ejemplo, establecer una política pública sistemática de fortalecimiento y difusión de nuestro patrimonio cultural común), sino que también es una alarma para no olvidar cómo Internet es hoy un campo de disputas que no puede llevar a los ciudadanos a bajar la guardia. Los intereses comerciales y las presiones privadas a los organismos públicos son una amenaza latente para los derechos ciudadanos en el entorno digital.

*Foto CC BY Arguez NC – SA.

**Articulo originalmente publicado acá.

Se supone que este 28 de febrero en Nueva Zelanda debería haber entrado en vigencia una ley que podría desconectar de Internet a quienes “reincidan” en el delito de descargar contenido protegido por copyright a través de redes P2P.

No obstante, fueron tantas las protestas ciudadanas que se efectuaron, que el Primer Ministro, John Key, suspendió la medida hasta este 27 de marzo. La organización que coordinó esta lucha, fue “Creative Freedom“, formada por los mismos artistas de ese país, y que en su web declara:

“Como artistas, apreciamos el copyright, pero necesita ser renovado para estos tiempos, o continuará dañando la creatividad, los derechos públicos y las nuevas industrias. Arreglemos el copyright”.

Además de salir de gira, la banda norteamericana publicó el disco Ghost I-IV el que recaudó sólo en su primera semana más de un millón y medio de dólares líquidos para la banda.

Cifras extrañas para un mercado en crisis. Más aún cuando el disco estaba disponible para su descarga licenciado a través de una Creative Commons BY-SA-NC, por lo que los fans no sólo podían descargarlo gratuitamente a través de internet y distintas redes P2P, sino que también podían hacer remezclas, mixtapes y regalarlo en un CDR como regalo navideño.

Pero a pesar de ello, miles de fans decidieron comprarlo de todas formas. Y lo transformaron en el disco más vendido del año en la Amazon MP3 Store. Para tener el objeto, para aportar económicamente a la banda o por otras razones, decidieron que era un buen negocio hacer un desembolso económico a pesar de tener la opción, legal, de su descarga a través de Internet.

La moraleja es que mientras los que ustedes saben podrían jurar con 8 crucifijos bien apretados en la mano que Internet está matando a la música y que es una cueva de delincuentes y piratería, algunos simplemente dicen lo contrario. Y ganan dinero.

fotoCC@mermadon 1967

Los intereses de los que usan como excusa la protección de los derechos de autor para tener información sobre la intimidad de cada ciudadano internauta, parecen prevalecer a pesar de las advertencias.

La enmienda 138 del Parlamento Europeo (“Ninguna restricción a los derechos y libertades fundamentales ha de ser impuesta sin la resolución previa de las autoridades judiciales“) no ha sido incluida por los ministros de Telecomunicaciones en el Consejo de la Unión Europea, los cuales aceptaron por unanimidad el texto presentado por Francia, presidente de turno de la UE y que por tanto modera las discusiones.

¿Les suena Francia y la ley Sarkozy?: Suspensión de la conexión a la red de los usuarios que descarguen archivos ilegalmente. Sí, con la ley Sarkozy y también con la poco seria propuesta de Trato Justo Artistas de hacer pagar a las ISP’s sin aclarar cómo no pasar a llevar los derechos fundamentales de los internautas, nos hacemos la misma pregunta que se hace el diario Público:

¿Debe ser un juez quien decida cuándo se comete un delito en la Red o pueden hacerlo las compañías proveedoras de Internet?

Sí, trato justo para los artistas, pero… ¿qué tal también incluir un trato justo en los derechos fundamentales de todos los ciudadanos?

fotografía (modificada por mí) de usuario Dawn Endico // Flickr.com [licencia CC-by]

Así como oyen, y como pueden ver en un par de videos [5], [6] que elaboré, hoy en día la realidad -nuevas tecnologías mediante- sobrepasa por mucho una legislación que se quedó en el pasado. El discutido proyecto de Ley [7], como dice en su mensaje, junto con incorporar el TLC con los Estados Unidos a nuestro Derecho de Autor, pretendía en sus inicios equilibrar la balanza entre una legislación obsoleta, y que crecientemente ha aumentado el rango, plazos y condenas en materia de derecho de autor, y los intereses públicos en juego, que no son menores.

Como ejemplo de lo anteriormente dicho: en promedio desde el año 1970, cada 10 años el plazo de protección sube 15 años, lo que convierte al interés público en un burro persiguiendo una zanahoria colgada delante suyo.

La Propiedad Intelectual es una herramienta que tiene el Estado para estimular que se genere más y mejor creación cultural e innovación, y ese fin es que debemos cautelar. No se trata de andar buscando por todos lados ingresos a los creadores o artistas, ni de asegurarle la vida a una industria que finalmente lucra con los derechos de autor más que los creadores, acerca de nuestra . Pero decir no al proyecto de Ley significa quedar como antes, y eso significa solamente más incertidumbre y más poder a los titulares de derechos.

El interés público en la discusión se ve reflejado en variados tópicos, y no se reduce ni a un canon, ni a la ley nos trata como delincuentes: se trata de permitir nuestro desarrollo cultural fuera del control de organismos, empresas o gobierno, y en general, de permitirnos el acceso y difusión de la cultura, sin tener por ello que afectar los legítimos intereses de creadores y titulares de derecho, es decir, la explotación comercial de sus obras.

La tarea que nos espera no es echar abajo un ministerio, ni un gobierno, ni siquiera este proyecto de Ley. No se trata solamente de escandalizarse y decirle que no al proyecto de algunos. Es más efectivo y simple: consiste en decir que sí a una nueva Ley de Propiedad Intelectual, pero una ley ciudadana y que garantice un trato justo para todos*. Asumamos ese rol con la mayor de las responsabilidades y la mayor de las esperanzas en cambiar el mundo, aunque sea de a poquito.

]]> http://www.tratojustoparatodos.cl/2008/10/09/si-a-la-ley-ciudadana-trato-justo-para-todos/feed/ 2 http://www.tratojustoparatodos.cl/2008/10/08/el-gobierno-acuerda-las-pautas-de-la-scd-y-acepta-una-ley-abusiva-para-todos/ http://www.tratojustoparatodos.cl/2008/10/08/el-gobierno-acuerda-las-pautas-de-la-scd-y-acepta-una-ley-abusiva-para-todos/#comments Wed, 08 Oct 2008 17:18:38 +0000 claudio http://www.tratojustoparatodos.cl/2008/10/08/el-gobierno-acuerda-las-pautas-de-la-scd-y-acepta-una-ley-abusiva-para-todos/

El final de esta historia es que el Gobierno tiene un concepto bien torcido de democracia y muy extraño de lo que es un gobierno ‘ciudadano’. Los primeros párrafos de este cuento los escribe la Ministra de Cultura reconociendo públicamente acuerdos que antes habían sido negados y reconociendo cual será la pauta del gobierno en estos temas de acá en adelante. El final de esta historia, mis amigos, se escribe desde los cuarteles generales de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), desde donde se ha escrito y se está escribiendo en este instante el futuro del derecho de autor en Chile. A costa de Internet, del desarrollo tecnológico y a costa de todos nosotros, por supuesto.

Sabemos que se encuentra en el Senado una de las reformas más importantes a la Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1970. Esta reforma pretende adaptar esta ley que data de 1970 a los desafíos del mundo digital y evitar así una serie de absurdos. Además, pretende hacer esta ley razonable desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se contemplan en todo el mundo y que en Chile somos meros expectadores. Porque claro, cada una de las reformas que se le ha hecho a esta ley ha sido hecha previa aprobación de la SCD y todas ellas pretenden fortalecer derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público. Esta ley pretendía equilibrar de una vez por todas esos intereses.

Pero esto ha provocado una reacción histérica, desinformada y patética. Mientras existía un esfuerzo para lograr una ley que fuera justa para todos, otros han salido a la calle con carteles y pitos a pedir una ley justa sólo para ellos. No una ley que se adapte al mundo de internet, sino que una ley que se adapte a sus propios bolsillos e intereses.

Pero en fin, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con la SCD a escondidas de la ciudadanía, con el fin de que esta ley salga adelante sin ruido, son los siguientes [descargar versión original]:

1.- No apoyar indicaciones que exigen que exista uso efectivo de obras para que haya cobro por parte de la SCD. Se lo pongo con un ejemplo. Si yo a usted lo demando porque me golpeó luego de una discusión, seré yo quien tengo que probar que tengo un golpe y que ese golpe me lo propinó usted. Esto es muy razonable, porque de lo contrario nos pasaríamos demandando los unos a los otros exigiéndole pruebas de lo contrario al demandado.

Bueno, la SCD quiere lo contrario. El acuerdo supone que el gobierno acepta que la SCD no tenga que acreditar uso efectivo de las obras, sino que se pueda basar sólo en supuestos, para proceder al cobro. Lo que resulta interesante considerado que viene de quienes son los principales promotores de demandas judiciales por derechos de autor en Chile.

2.- Apoyar un proceso de mediación previa en caso que no haya acuerdo sobre el cobro entre las partes. Hoy, quien fija las tarifas que cobra la SCD, es la propia SCD. Así, si usted tiene una discoteque u organiza un evento pequeño musical, tiene que pagarle a la SCD la tarifa que ellos mismos determinan. Como no hay otra entidad que ‘compita’ con la SCD, no queda más remedio que pagar a menos que queramos exponernos a demanda. El proyecto suponía un procedimiento de Arbitraje Forzoso, esto es, que en caso de desacuerdo sobre la tarifa, sea un tercero el que decida obligatoriamente.

Lo que ha aceptado el gobierno a solicitud de la SCD es que en caso de desacuerdo, vayamos a una “mediación previa obligatoria” en la que nos van a conminar a llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, vamos a juicio. Es fácil de entender que esto, en buen chileno, vale hongo y no protege al más débil en la negociación, que ciertamente no es una entidad monopólica.

3.- Apoyar la eliminación de la responsabilidad de los prestadores de servicios internet. En castellano castizo, esto significa dejar la puerta abierta para que mañana la SCD dirija cobros a nuestros proveedores de acceso a Internet por las eventuales descargas que realizan sus usuarios. Los que han pasado por alguna clase de economía, saben que esto significa finalmente un cobro que vamos a terminar pagando todos nosotros.

Ahora, si a mi me preguntan, yo estaría feliz con un canon como este siempre que supusiera una excepción amplia para usos y reproducción no comercial. Pero como a algunos quieren pan y pedazo, quieren meternos un impuesto, pero no entregarnos ningún derecho. Así cualquiera.

4.- Eliminar excepciones para traducción, para usos educacionales y para usos justos. El Gobierno está de acuerdo con la SCD en eliminar esa terrible y macabra excepción que permite que piratas profesores hagan traducciones de textos que se encuentran en otros idiomas para efectos de enseñanza. También está de acuerdo en eliminar la excepción que permite reproducción de obras cortas para fines educacionales.

Lo más grave, es que además acuerda la eliminación de lo más importante de esta ley, la excepción que permite usos justos o legítimos. Que le permite a usted subir a Youtube un video de su hijo que baila una canción que suena en la radio, que le permite pasar un CD a MP3 o que le permitiría por ejemplo, hacer un collage o una presentación en Powerpoint con imágenes y música de fondo para las bodas de Oro de sus papás. Para quienes quieren tratos justos para algunos, hay que pagar.

En reunión con la Ministra de Cultura, ella reconoció que este acuerdo marcaba la pauta del Gobierno en este tema, por lo que no hay más que conversar.

Me parece lamentable que el Gobierno termine haciendo caso omiso a los reclamos de una serie de organizaciones sociales, gremiales, académicos e industriales que queremos una ley de propiedad intelectual moderna, ajustada a los desafíos de Internet, y que no trate a sus ciudadanos como delincuentes. Que no sea utilizada como privilegios para algunos sino que apunte, en definitiva, a un trato justo para todos.

Ahora estamos en las manos de nuestros otros representantes, de nuestros parlamentarios. quienes esperamos estén a la alturas de las circunstancias y representen los intereses del país

Pero hay buenas noticias. La buena noticia, es que a partir de ahora, amigos míos, se nos acabó la buena onda. Pronto, muchas más noticias.