“La mesa de expertos que conformó el Ministerio de Cultura convocando a varias organizaciones (ONG Derechos Digitales, Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información A.G. (ACTI), Asociación de Derecho e Informática de Chile (ADI), Asociación de Proveedores de Internet (API) A.G., Creative Commons Chile, Comisión de Directores de Bibliotecas del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Liberación Digital, Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G., Confederación del Comercio Detallista y de Turismo de Chile, A.G. (CONFEDECH) y por supuesto, con la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD) junto con las demás entidades de gestión colectiva de derecho de autor, pasó de un “acuerdo público” a un “acuerdo privado” (SCD-Gobierno) y, alejándose de la idea original de la mesa, que era tomar diversas visones técnicas para introducir modificaciones a la Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

Este cerrado y perjudicial acuerdo, daña profundamente el espíritu de una legislación de derecho de autor, que tiene por base: La justa retribución y protección de los creadores o artistas por sus obras, sino que también, garantizar para “TODOS LOS CHILENOS” (y no sólo para una familia), un uso y acceso justo (sin fines de lucro y limitado) a las obras, de manera de lograr un balance entre los distintos intereses.

Hoy en Chile no existe un estatuto adecuado de excepciones y limitaciones al derecho de autor. Con este famoso acuerdo, la SCD pide prohibir que un profesor traduzca al castellano un texto o libro, para ser utilizado (sin fines de lucro) en la clase con sus alumnos. Tampoco será posible.

Tampoco será posible poner música de fondo para una presentación en Power Point por el trabajo solicitado en la universidad, y no será posible utilizar la canción “Cumpleaños Feliz” en el video que grabaste en la celebración de tu hijo (para luego subirlo a la web). Se acabarían las posibilidades que los estudiantes puedan fotocopiar partes menores de un libro para una prueba (uso personal), hacer un respaldo de la música que compramos legalmente en CD o simplemente pasarla al Ipod, al celular o al reproductor de MP3. Las bibliotecas tendrán restricciones para preservar digitalmente libros en riesgo de conservación, y un grupo musical de Hip Hop de barrio, que usa un samples para una actividad de bingo a beneficio, tendrá que pagar por derecho de autor.

¿Tendré que pagar derechos de autor por la música que pongo en mi radio “Kioto” dentro de mi taller de costuras y que es escuchada, por causalidad, por los clientes que me llevan ropa para arreglar? Si, y más aún, estoy obligado a pagar el monto que determine unilateralmente la entidad de gestión colectiva ¿Y si dicho monto es excesivo? El acuerdo SCD-Gobierno me priva del derecho básico de contar con un procedimiento eficaz, mediante el cual un tercero imparcial (un árbitro, un tribunal) pueda determinar si las tarifas son razonables o son abusivas.

Otro aspecto que busca este acuerdo es permitir a la SCD cobrar derechos de autor, a los proveedores de Internet que se limitan a facilitar el acceso a Internet, situación que no existe en parte alguna del mundo. Por supuesto, este cobro improcedente será finalmente traspasado a nosotros los usuarios, que veremos restringido el acceso a la banda ancha.

Esta “idea genial” podría obligar a las empresas, a monitorear el tráfico de redes, compartiendo información con terceros, sobre las acciones privadas de los abonados. No es posible tampoco aceptar, que por un simple correo electrónico, donde alguien me acusa de pirata, mi obra o documento sean eliminados o bloqueados de Internet. Para eso están nuestros tribunales. La SCD está imponiendo un criterio “delictivo” al acusarnos a priori y sin prueba, que nosotros nos conectamos a internet, con la única finalidad de “PIRATEAR”. Pues bien, en Chile se es inocente hasta que se prueba lo contrario.

La SCD también ha venido trabajando para establecer un canon digital (gravamen) que se aplicaría sobre productos que potencialmente se pueden emplear para almacenar o reproducir obras con derechos de autor, como los CD y DVD vírgenes, grabadores, discos duros y pendrives, porque aseguran que lo usaré sólo para “piratear”, y no para hacer respaldos de mis archivos que guardo en el PC o de una copia de una obra adquirida legalmente ¿Y por qué no también aplicamos un impuesto a las tintas, tonner, impresoras, escáner o al papel, si también se podría decir que voy a piratear libros? Entonces podríamos decir, que Moisés al escribir las tablas de la ley que le ordenó Dios, o los primeros monjes budistas, o los monjes de los monasterios que escribieron los primeros libros y los reprodujeron y hasta Gutenberg (con su imprenta), fueron piratas!

Es muy necesario e importante legislar sobre la protección de los derechos de autor, pero a la vez, hay que velar por el uso justo para 15 millones de chilenos, y no limitar el propio derecho que tenemos las personas por sobre lo que hemos adquirido o, a los que tenemos alguna veta de creatividad, frenando el desarrollo de nuevas tecnologías (Internet como vitrina de difusión), entorpeciendo el acceso al conocimiento, coartando la libertad de creación y el acceso a la cultura, retrocediendo de la actual Sociedad de la Información, para volver a la Agraria.

Se viene una ardua lucha en la Comisión de Educación del Senado, para demostrar que el acuerdo Gobierno-SCD no es el camino. Y recuerda, si usas Internet, es que ¡Andai puro pirateando!”

Por Carlos Cantero, senador por la Región de Antofagasta

FotoCC@Freyja*

Los hechos son simples: existía una mesa de trabajo a la que todos los actores involucrados en la creación de una nueva ley estaban llamados a participar. Se estaba llegando a acuerdo. Pero de la noche a la mañana, la SCD (Sociedad del Derecho de Autor, que supuestamente representa a los creadores de Chile) y el Gobierno cerraron su propio acuerdo para hacer modificaciones a la ley, las que dejarían la gran parte de nuestras actividades diarias ligadas al contenido en la zona del delito. Por ejemplo: pasar tus CDs al iPod estará prohibido, ponerle música a un powerpoint para una presentación escolar, también. Es decir, la protección a los creadores será tan desequilibrada que pasaremos de ser un país de piratas. La semántica en este ámbito es central y la palabra aquella (pirata, piratería) pareciera estar en boca de nuestros legisladores para describir una enorme cantidad de actividades que nada tienen que ver con el lucro a través de contenido protegido. Y aquí es donde está el centro del asunto: una ley de derecho de autor que no distingue entre el uso con fines de lucro y el uso “justo” (sin fines de lucro) en un contexto digital es una ley que nace muerta.

Lo anterior lo escribió el músico y una de las cabezas de Podcaster.cl, Andrés Valdivia, en la Revista Capital número 240 (31 de octubre al 13 de noviembre de 2008). Si quieres leer el texto completo, haz clic acá.

FotoCC@s i n h a

El domingo 2 de noviembre nos encontramos con una nueva carta al director de La Tercera, referida al acuerdo UNA-SCD/Gobierno y las futuras modificaciones a la ley de propiedad intelectual. Se trata del texto de Fernando J. Fernández Acevedo, que pueden encontrar en Papel Digital. A continuación, un extracto:

Mediante este acuerdo, el gobierno se ha comprometido, entre otros, a retirar su apoyo a la incorporación de un cuerpo coherente de excepciones a los derechos de autor. Se pone, con ello, en serio riesgo una serie de bienes jurídico-sociales que estas excepciones intentan proteger, como la libertad de expresión, el acceso a la información, el incentivo a la creatividad, la innovación y la competitividad en los mercados.

De no incluirse tales excepciones, tanto nuestro sistema educacional, bibliotecas, futuros innovadores y sociedad en general se verán seriamente afectados por un cuerpo legal que ha sido redactado a la medida de los intereses de una minoría que dice representar a los autores.

fotoCC@nicoaracena

Paola Roncatti Galdames es bibliotecóloga documentalista y presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile. Ha representado en el Congreso y en el gobierno a un gremio que históricamente ha hecho usos justos y honestos de la información y de la cultura. A continuación, y en consideración de la opinión del abogado de la SCD Juan Antonio Duran, escribe sobre las razones de las bibliotecas para seguir luchando por una ley de Propiedad Intelectual más justa para todos. (Publicado también en Cartas al director del diario La Tercera del 29/10/08).

Han pasado varias semanas desde que nos enteramos del acuerdo entre Gobierno-Sociedad Chilena de Derecho de autor (SCD), crece el malestar, pero un malestar que va más allá del acuerdo, es pensar que el Gobierno, ente que protege a “todos los chilenos” para que se cumplan sus garantías constitucionales, gestione a escondidas un acuerdo que sólo “protege a un grupo”. ¿Esto puede ser considerado un trato justo para todos?, por supuesto que no, parece que la palabra “trato justo para todos” quedó en el olvido: olvidamos a los ciudadanos, a las bibliotecas, al sistema educativo, al desarrollo de un país.

Me pregunto hasta dónde llegar, si vale la pena todo el esfuerzo sobre humano que estamos realizando para lograr ser escuchados por los Senadores, por los Ministros, por el gobierno, por los ciudadanos, para conseguir un único objetivo, una ley justa, una ley equilibrada que permita integrar los intereses de artistas, creadores, instituciones culturales y  ciudadanos.

Esta no es una pelea contra los artistas, ni los músicos, como lo ha hecho creer la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), quien nuevamente miente y se vale de sus figuras para confundir a la audiencia. Esta es una pelea contra la injusticia de ver cómo instituciones y personas que han estado trabajando en el tema por años, son pasados a llevar sin ninguna explicación coherente por parte del Ministerio de la Cultura y las Artes.

Este acuerdo toca en forma negativa a muchos participantes de la discusión del proyecto de ley, pero en especial a las bibliotecas y sus usuarios. La SCD quiere cobrar por todo, por lo cual deja fuera excepciones que hemos estado esperando por años en nuestra legislación, las que son utilizadas a nivel internacional y que no han causado ningún perjuicio a la industria del libro.

Las excepciones y limitaciones lo que hacen es permitir usos razonables o incidentales por parte del público de ciertas obras, para su uso personal con la finalidad de la enseñanza y educación. Esto permite el acceso a los bienes culturales por parte de la ciudadanía, quienes son los principales productores de información.

Las bibliotecas caerán en la ilegalidad al momento de entregar una copia a un usuario o a un docente que necesita esa información para una clase o para una prueba o para un trabajo de investigación, un profesor será sancionado por traducir una obra en otro idioma para su clase, los centros educacionales como colegios, liceos, etc., no podrán tener copia para desarrollar un trabajo de investigación. ¿Qué logramos con esto?: frenar la labor docente, la investigación y por ende el desarrollo de un país.

Las bibliotecas han realizado por años prácticas honestas en el uso de la copia privada, para nosotros no hay un fin económico, sino uno mucho más noble: integrar a la ciudadanía a la sociedad del conocimiento, a través del acceso a los bienes culturales, con la finalidad de tener un país más culto.

La batalla recién comienza, pero estaremos unidos para logara una mejor legislación, que realmente sea justa para todos, y espero y tengo la esperanza que esto será entendido por los Senadores al momento de tomar una decisión respecto a la propiedad intelectual, que no se dejarán influenciar por un grupo pequeño, que sólo busca usufructuar a costa de los ciudadanos.