En el contexto de la discusión sobre la Ley que regulará el transito tecnológico hacia la televisión digital, es que más de 50 organizaciones chilenas se reunieron para entregar al Parlamento 15 propuestas para abrir el debate sobre un tema que nos concierne a todos.

Entendiendo la democracia como un proceso participativo en el que todas las voces deben ser escuchadas, las organizaciones -entre las que se encuentran la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales (ACCION), el Colegio de Periodistas de Chile, el Observatorio de Medios, Fucatlel y la Red de Televisiones Populares y Comunitarias de Chile- plantean que la legislación sobre TV digital debe fundarse en la necesidad de ampliar la diversidad, el pluralismo y la calidad de nuestra televisión, garantizando los derechos de la ciudadanía y el acceso justo, equitativo y democrático al espectro.

En ese sentido, algunas de las propuestas apuntan a que el proceso de digitalización, que implica la multiplicación de las señales, “garantice el principio de igualdad, estableciendo el acceso igualitario al espectro por parte de la ciudadanía, acorde con los estándares internacionales de libertad de expresión. Por lo mismo debe contemplar tres sectores   o modalidades de servicios de comunicación audiovisual; público, comercial y social/sinfines de lucro y garantizar una distribución equitativa de las frecuencias televisivas”.

Con esto, las organizaciones esperan que diputados y senadores tomen en cuenta dichas propuestas para que la Ley a promulgar sea el resultado de una discusión enriquecedora y de debate ciudadano que incluya a todos los sectores de la sociedad civil y no sólo a algunos.

Para acceder al documento de la propuesta, acá.

*Foto CC de Andrés Rueda

“Cuando al Copyright le va mal” es un cortometraje hecho por la organización “Consumers International”, y dirigido por Ben Cato Clough y Luke Upchurch, que explica cómo los derechos de autor se han transformado en uno de los hechos más importantes para los consumidores de la era digital.

Así, en el corto se documenta por qué el lobby de las empresas quiere criminalizar las acciones de cientos de miles de consumidores en Internet; y qué depara el futuro en la lucha por leyes de copyright más justas.

La película se puede encontrar en inglés, francés y español, y está licenciada con Creative Commons Attribution 3.0.

:::

Nota publicada también en ONG Derechos Digitales y Creative Commons Chile.

Durante los últimos días una nueva polémica ha acaparado titulares en la prensa y opiniones diversas en la red. Todo, por una denuncia del diputado UDI Gonzalo Arenas sobre la supuesta promoción a la censura de Internet por parte del proyecto de ley que busca una reforma a la actual regulación de propiedad intelectual. Tanto es así, que el diputado no duda en afirmar que esta nueva ley permitiría el corte de las conexiones de los usuarios que comparten contenidos en la red, según la sola voluntad de los prestadores de servicios de Internet (ISPs). Ante tales denuncias, ¿cuánto de esto es cierto?

Desde mayo de 2007, en el Congreso se encuentra en tramitación un proyecto que reforma la ley 17.336 de propiedad intelectual, que tiene como uno de sus fines principales, la modernización de la ley a los tiempos digitales. El artículo al que apunta la polémica es el 85 T (que supone el bloqueo de buena fe por parte de un ISP) y que, efectivamente, puede implicar un tremendo riesgo desde el punto de vista de la protección de garantías constitucionales como la libertad de expresión.

Dicho artículo, por lo demás, entra en abierta contradicción con el principio establecido en el mismo proyecto de ley, que considera que para que haya bajada de contenidos por parte de un ISP, debe existir previamente una resolución judicial, a diferencia del sistema de notificación privada que pretendían sellos discográficos y entidades de gestión colectiva.

No eliminar el artículo 85 T podría constituirse en una fuente maliciosa de abusos contra los usuarios de Internet. No obstante, y acá la gran diferencia con las alarmistas consideraciones de ciertos grupos, este artículo no implica que el proyecto de ley tenga como objetivo promover la censura en la red. De hecho, el que sea un juez el que intermedie en el caso constituye, sin lugar a dudas, una garantía tanto para autores como ciudadanos que se debe defender.

Las infundadas alarmas solo llevan a desinformación y ponen un paño de dudas a un proyecto de ley que, no exento de polémicas, ha logrado gracias al esfuerzo de distintas agrupaciones ciudadanas y de patrimonio, adelantos que hasta hace algunos años eran impensables, entre ellos: el establecimiento de una serie de  excepciones para fines educacionales, un régimen de autorizaciones para bibliotecas y de usos justos a favor de los ciudadanos, etc. Y aunque se echan de menos cuestiones sustanciales como, por ejemplo, establecer una política pública de fortalecimiento y difusión de nuestro patrimonio cultural común, es un proyecto que sin lugar a dudas da un paso adelante en modernizar la actual ley a los tiempos digitales.

Que no sean las presiones políticas o eventuales oportunismos electorales de diversos sectores políticos, los que desinformen sobre la importancia de tener una nueva ley de propiedad intelectual justa y moderna, que por primera vez tome en cuenta de manera seria los intereses de los ciudadanos y del patrimonio cultural chileno.

• Articulo originalmente publicado en ONG Derechos Digitales.
• Foto CC by dezeta

Mañana martes 15 de septiembre, a partir de las 11 am, se discute en la Cámara de Diputados de nuestro Congreso,  la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Si todo sale bien y no se presentan reparos, la ley podría ser despachada mañana mismo y por fin tener una norma de usos justos que, menos perfecta que lo ideal, sigue siendo un paso adelante para por fin equilibrar los intereses de los artistas y del público en el sistema de propiedad intelectual chileno.

Lo importante es que haremos todo el esfuerzo posible para transmitir, vía twitter de No Soy Delincuente, la jornada de mañana. Y ojalá, claro, que podamos comunicar buenas noticias.

José Ignacio Gallardo hizo un cuadro resumen con las excepciones que están a punto de aprobarse, por si quiere usted profundizar en el proyecto de ley.

¡Estén atentos!

:::

Foto CC Sindicato de la Imagen.

El grupo Cultura Libre Universidad de Chile (CLUCH), con el apoyo del Centro de Estudiantes de Plan Común y el Centro de Estudiantes de Ingeniería Industrial han organizado una charla denominada “Desarrollo de la Libertad de Conocimiento desde la Universidad”.

En ella, se tocarán básicamente tres temas: el Open Access, el Free Software y se explicarán los alcances de la nueva ley de propiedad intelectual.

Los expositores serán: Claudio Ruiz de ONG Derechos Digitales, Alejandro Fuentes de la Hoz de Centro del Software Libre (CSOL) y  Miguel Barrera (Mig), Ingeniero en Computación de la Universidad de Chile y parte del blog colectivo Manzana Mecánica.

La invitación es abierta y gratuita y se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo a las 12:00 en el Auditorio Gorbea de la Escuela de Ingeniería.

El candidato presidencial Jorge Arrate, manifestó públicamente su posición con respecto a la importancia crucial de incluir excepciones al derecho de autor en la nueva ley de Propiedad Intelectual chilena, que en este momento se está discutiendo en el Senado chileno. En una conferencia de prensa, y con respecto a los sostenidos intentos por bajar las excepciones de Usos Justos por parte de algunos sectores sociales interesados, Arrate manifestó que:

“Este intento de eliminar los usos justos y legítimos de esta nueva ley que, prácticamente concentra el poder de decisión en la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, es un atentado a la libertad de investigación, a la libre circulación de las ideas, del conocimiento, a la innovación y la creación, todo fenómenos asociados hoy estrechamente a la web. Aquí se está poniendo una traba muy seria y grave, se está mercantilizando un espacio que debe ser de todos y hay que buscar una solución alternativa distinta, que salvaguarde los legítimos derechos de los autores, pero que no entregue todo el poder a las grandes empresas que hay detrás de esto, que es actualmente una pelea mundial de la ciudadanía por el acceso a la cultura que no se puede vender por kilos”.

Recordemos que la nueva ley de Propiedad Intelectual es la oportunidad para, a través de los Usos Justos, lograr que nuestro sistema no solo proteja a los autores, sino que también lo haga con respecto a los derechos del público. Esto, como una manera sustentabe de lograr afianzar el acceso a la cultura y el conocimiento de toda una nación, fomentar la investigación y con ello la innovación, modernizar una ley a los tiempos digitales, entre otras tantas cosas que ayudan al desarrollo económico, creativo y cultural del país.

Si estás interesado en garantizar estos derechos del público, aún estás a tiempo de manifestarte a los senadores con esta carta.

Hace algún tiempo, el colectivo Bla! sorprendió a todos los usuarios de las autopistas urbanas de Santiago gracias a su intervención en la mensajería de los carteles electrónicos de ellas. Ese proyecto, que salió reseñado en varios medios de comunicación, formaba parte del libro “TAG, La nueva cultura de la movilidad”, editado por Arte y Ciudad.

Compartiendo la idea de la urgencia de tener un sistema de propiedad intelectual equilibrado, y con las ganas de participar en la campaña ciudadana “No Soy Delincuente“, Bla! intervino algunas de las principales avenidas de Santiago con carteles de mensajes alusivos a los excesos del derechos de autor, internet y el acceso a la cultura.

A las puertas que se discutan las inclusiones de Usos Justos en la legislación chilena, esta iniciativa ayuda a que la discusión se traslade a la calle, al ciudadano común, para que reflexione sobre cómo un tema que parecía ser monopolio solo de los titulares de derecho de autor, puede afectarle en su día a día: al momento que un profesor quiera traducir un texto para sus alumnos, cuando quiera pasar su CD a mp3, etc.

Más fotos en el Flickr de No Soy Delincuente.

Horacio Potel es un profesor de filosofía argentino. Y ha cometido un delito. Dado los altos precios de las ediciones de los libros de Derrida en Argentina, las malas traducciones, los libros agotados en las estanterías argentinas y también la falta de textos en español del imprescindible pensador francés, publicó en la web www.jacquesderrida.com.ar mucho del trabajo del autor para que cualquiera pudiese acceder a él y así  usar ese material en clases, en la elaboración de un ensayo, en el estudio de una prueba, en una lectura furtiva.

Pero la editorial Les Éditions de Minuit –que solo ha publicado dos libros de Derrida y lo ha hecho en francés– se enteró e interpuso una demanda a Potel por el horrible crimen de facilitar el acceso a la cultura y el conocimiento. A través de la Cámara Argentina del Libro, esta editorial inició entonces un juicio contra Potel el que tuvo que bajar el sitio. Copysouth afirma:

La Cámara Argentina del Libro ostenta los cuestionables antecedentes de haber sido responsable de una incursión policial en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de haber logrado condenar a algunos docentes por hacer que los alumnos fotocopien material bibliográfico. “La escena de la policía entrando a Puán es recordada con estupor por muchos miembros de la comunidad académica” indica el informe. Potel enfrenta hoy la posibilidad de sufrir la intervención de su teléfono, sus casillas de correo electrónico y el allanamiento de su domicilio con el fin de “establecer el lugar físico donde se origina el hecho”.

Un profesor culpable de querer educar. Cuando los sistemas de propiedad intelectual llegan a estos absurdos, es necesario modificarlos.

Si quieren apoyar a Potel, acá hay un grupo Facebook dedicado a su caso y un blog con una campaña en contra de la medida.

En estos días, hemos podido observar la importancia que le otorga la prensa nacional a la denominada “Lista Roja de la Propiedad Intelectual” (“Priority Watch List” en inglés) hecha por el Gobierno de Estados Unidos y que mantiene a Chile en ella junto a países como China, Argentina, Venezuela, India o incluso Canadá, entre muchos otros.

Esta temida lista no es otra cosa más que el veredicto anual que hace Estados Unidos a los países que, según ellos, no dan una adecuada protección a la propiedad intelectual, en el cual pueden figurar incluso sus socios comerciales, como es el caso de nuestro país.

No obstante este “alarmante” resultado, hay que comprender que lo que mide este listado es una particular visión de la Propiedad Intelectual, la que es más bien proteccionista de los titulares de los derechos de autor, es decir, de las grandes industrias. En este contexto, deja fuera de su estudio otros aspectos importantísimos en cualquier régimen equilibrado de derecho de autor, como los beneficios y derechos del público o los consumidores.

Concientes de esta ceguera, Consumers International ha liberado su propia “Intellectual Property (IP) Watch list“, pero esta vez, desde la perspectiva del acceso a las obras intelectuales por parte de los consumidores. Y los resultados no dejan de ser interesantes.

Por ejemplo, en su estudio de 16 países, en los que se incluye nuestro país, se puede ver que las economías de transición (como India, Indonesia o Korea del Sur) tienen legislaciones más favorables a los intereses de los consumidores, en comparación a el Reino Unido, por ejemplo, el cual tiene un sistema de poca flexibilidad a favor de los derechos del público.

El informe, además, destaca la que denomina “hipocresía” del gobierno de Estados Unidos, quienes cuentan con legislaciones de Propiedad Intelectual más flexibles a favor del público norteamericano, pero que no defienden ese hecho con el mismo ímpetu en otros países. Jeremy Malcolm, coordinador del “Intellectual Property (IP) Watch list”, declaró al respecto en APC Forum:

“Los Usos Justos en la ley de propiedad intelectual de EEUU ha contribuido en un estimado de U$4.5 trillones a la economía de ese país, a través de permitir el uso de material protegido por derecho de autor por instituciones educacionales, innovadores de la internet, y vendedores de dispositivos como el iPod y el TiVo. No obstante, el gobierno de Estados Unidos está activamente impidiendo a otros países tener las mismas oportunidades”.

Desde la perspectiva del acceso, Chile aparece también en las lista con peor legislación de Propiedad Intelectual a favor de los consumidores. Hoy tenemos una oportunidad para comenzar a mejorar esa situación, con la nueva Ley de Propiedad Intelectual que se está discutiendo en el Senado, la cual incluye por primera vez una serie de excepciones a favor del público y las bibliotecas. Pero además, este proyecto es la oportunidad para que Chile modernice esta legislación a los tiempos digitales, donde prevalece la creatividad y la participación en los procesos creativos, motores actuales de las grandes economías.

Foto (c) lavozdecristian.