El proyecto de ley en cuestión no perjudica a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, ni entorpece su gestión. No contiene disposiciones que pretendan disminuir sus atribuciones ni complicar su existencia. Lo único que se procura es regular algunas consecuencias sociales negativas derivadas del monopolio que ejercen en el mercado.

Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor sirven para administrar los derechos de varios autores, centralizando el tedioso proceso de conseguir las autorizaciones necesarias para utilizar sus obras. Sin embargo, esta concentración acarrea algunas consecuencias monopólicas nefastas, que ya fueron probadas a fines de los 90′ por las instancias antimonopolio, donde se resolvió que la entidad de gestión cuestionada efectivamente atentaba mediante su monopolio contra la libre competencia.

El proyecto por tanto busca establecer soluciones justas en caso que las sociedades de gestión tengan diferencias con sus usuarios, tratando de regular el monopolio existente en esta materia. Que quede claro: el proyecto no busca deslegitimar ni desmantelar ni mucho menos hacer desaparecer a las sociedades de gestión. Si los servicios públicos –agua, luz, alcantarillado y telefonía– son regulados en pos de transparentar el mercado, el acceso a la cultura y el conocimiento también lo debe ser. Trato justo para todos.

Lo anterior es en respuesta a:

“El debilitamiento intencionado y letal de las sociedades de gestión destruye nuestra forma de organización y liquida la garantía de una propuesta cultural diversa y democrática. La ley pretende ir en contra del ejercicio colectivo de los derechos que nos asisten y nos aseguran una capacidad de subsistir como ciudadanos dignos, en un sistema que se basa en resaltar el capital a secas en desmedro del capital humano y de la creación intelectual. En Chile existen sociedades de gestión colectiva que funcionan de manera eficiente, ejemplar y a la altura de sus contrapartes europeas y de todo el mundo. Estas entidades son fruto del trabajo de años, y representan un contrapeso al poder desmesurado de ciertas empresas.”

[Publicado en tratojusto.cl]

En ningún caso debe existir un régimen de “todo vale” en Internet, pero no por eso vamos a permitir que algunos puedan controlar lo que todos hacemos en la red, tratándonos como delincuentes y presumiendo nuestra culpabilidad. Obligar a los proveedores de servicio de Internet a bloquear o bajar contenidos sin la mediación de un tribunal, o cobrando una tasa a las empresas de telecomunicaciones por las posibles infracciones que se cometan en sus redes, es un precio que lo terminaremos pagando todos los ciudadanos.

No nos engañemos. Es como si la compañía de teléfonos se viera obligada a escuchar nuestras llamadas telefónicas y cortarlas, cuando cantamos una canción para nuestra pareja sin pagar royalties. La situación es absurda e injusta. La imposición de una tarifa aumentará el costo de los servicios para todos los usuarios, no sólo para los infractores. Nuestros derechos y libertades como ciudadanos están primero. Trato justo para todos.

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Las empresas ISP son mayores de edad y deben hacerse responsables de sus actos. En cambio, se han repuesto indicaciones para establecer un sistema de irresponsabilidad total de los ISPs. Resulta que los intermediarios entre los creadores y los usuarios se llevan el 100% de los beneficios. Esto es un escándalo. La ley está facilitando la irresponsabilidad. Esto se convierte en un virtual pirateo legal.

No puede aceptarse esta desvinculación de una industria de enorme poder e influencia política y económica, dejando a los artistas, que son la parte más débil de la cadena de valor, inermes frente al aprovechamiento de sus creaciones.

[Publicado en tratojusto.cl]

El supuesto problema del concepto de autor en la ley es pura retórica. El proyecto de ley habla de titulares de derecho porque ellos son quienes dan las autorizaciones para el uso de las obras, y no necesariamente los autores o artistas. Normalmente, quienes son titulares de sus derechos son los sellos discográficos, las empresas de tecnología y los productores. Por lo demás, no olvidemos que desde 1970 la ley califica a los autores de titulares de derechos.
 Distinguir entre titulares de derechos y autores es importante, para no confundir la protección a las industrias multinacionales que son titulares de derechos cuando la ley pretende proteger a los autores.

El proyecto de ley debe buscar el bienestar de todos y no sólo el de los autores. Para eso debe autorizar ciertos usos legítimos, debe fortalecer el patrimonio común y debe tomar medidas que garanticen las libertades y los derechos fundamentales de las personas. La ley también es para los usuarios de las obras. Eso intenta hacer el proyecto, eso es lo que respaldamos. Trato justo para todos.

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La supresión sistemática en la ley de los conceptos “autor” y “artista”, sustituyéndola por el genérico “titular de derecho” vacía las normas del contenido simbólico que representa la protección de los creadores y la cultura, y lo transforma en un derecho de las empresas, como si ya no tuviera sentido legislar a favor de las personas naturales que realizan las obras y las interpretan, y que encarnan el patrimonio cultural de la nación. Esta es una cosificación premercantil de matriz anglosajona, ajena a nuestros valores. Que los legisladores sepan que quienes estamos luchando por esto somos personas, autores, artistas, y no entes abstractos.

[Publicado en tratojusto.cl]

La ley actual no contempla tales excepciones lo que entrampa iniciativas sociales beneficiosas y nos hace caer en situaciones absurdas y abusadoras. Hoy es ilegal pasar un libro a casete para que lo pueda disfrutar una persona ciega, es ilegal fotocopiar un libro para conservación en una biblioteca, hacer copia privada de un disco o transformar un disco en archivos mp3. Todas estas situaciones ya han sido superadas en otros países a través de su regulación en la ley y Chile no se puede quedar atrás.

En el proyecto de ley no hay ninguna súper-excepción, ni nada que se parezca a un sistema foráneo. Sólo autorizaciones legales para fines específicos, con gran potencial de beneficio social, que poco y nada se relacionan con la piratería o el abuso, como la información, la educación, la investigación, la crítica o la parodia. No se restan derechos ni se debilita a los autores: se fortalece a la sociedad.

Que el gobierno haya repuesto la propuesta mediante indicación no es una falta de compromiso. No es deber del gobierno comprometerse con la causa de los titulares de derechos de autor a costa de los intereses legítimos de la sociedad civil ampliada, si no la búsqueda del mayor beneficio para todos equilibrando los distintos intereses. Trato justo para todos.

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Dicha excepción amplia, se ve acompañada de indicaciones de algunos senadores, en orden a incorporar el modo de excepción “Fair Use” del sistema norteamericano, que nada tiene que ver con el sistema legal de Chile, donde la jurisprudencia no es vinculante. Esta imposición se aparta de la tradición legal que nos pertenece y constituye un debilitamiento general del nivel de protección de los autores en nuestro país, que solo se prestará para abusos y coartadas para los infractores.

[Publicado en tratojusto.cl]

Es falso que con el proyecto de ley pretenda extenderse este beneficio a centros de copiado y establecimientos similares. El proyecto de ley intenta autorizar la fotocopia solo en bibliotecas públicas y municipales con fines sociales mayores que benefician a la sociedad civil ampliada.

Que paguen por las fotocopias quienes lucran con ellas, no quienes cumplen la función social de acercar la cultura y el conocimiento al público. Trato justo para todos.

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la concesión de beneficios para las bibliotecas públicas y municipales, que por cierto compartimos, no deben extenderse a los negocios de fotocopiados instalados en centros de estudios y empresas, que gastan inmensas sumas en publicidad y marketing.

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En Chile, hablar de “fines de lucro” equivale a hablar de cualquier aprovechamiento, lo cual es claramente distinto a hablar de interés comercial. Por ejemplo, su hijo “lucra” cuando usted le graba un compilado de música infantil. Penalizar todos los actos que tengan fines de aprovechamiento (como fotocopiar una página de un libro para estudiar, como pasar un disco de vinilo a casete o un CD a mp3), es castigar a toda la ciudadanía por actos que no tienen el fin de obtener ganancia económica alguna.

Mantener la redacción actual de la ley, es querer enviar a la cárcel no solamente a los piratas, que sí son delincuentes, sino también a todos los ciudadanos comunes. No caigamos en engaños y distingamos a los delincuentes del resto de los chilenos. Trato justo para todos.

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Esto busca abrir la puerta a muchos usos libres cuando estos no tienen un “interés comercial”. Con ello, los usos de nuestras obras para promoción de imágenes corporativas, propaganda o apoyos a causas de diversa índole e incluso ideológicas, entre otros múltiples usos, pueden ser excluidas de la autorización de los artistas.

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La desinformación lleva a malos entendidos. No hay ninguna disposición actualmente en el Congreso que pretenda eximir al comercio de pagar derechos de autor. No existe disposición alguna que pretenda que las discotecas, bares y restaurantes dejen de pagar lo que consignan a los artistas desde hace años.

Pero una cosa es que las empresas paguen, y otra muy distinta es que también tengamos que hacerlo el resto de los ciudadanos. Que se entienda bien: no es lo mismo nuestras madres escuchando música mientras cocinan, a la disco de moda que se nutre de los hits para la afluencia de público.

Es razonable que las grandes empresas paguen y retribuyan a los autores por las obras que han utilizado. Pero una cosa es que el comercio pague y otra que lo hagan los ciudadanos que no usan los derechos de autor para recibir ganancia monetaria alguna. No caigamos en desproporciones: trato justo para todos.

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La disminución de nuestro derecho a obtener sumas mínimas por el uso de nuestras obras e interpretaciones a un sector del comercio, se interpreta como si ello pudiera ofrecer mejores condiciones para el comercio y la industria, sin considerar otros factores de mayor impacto y racionalidad económica. Aquí se percibe un afán de implantar un sistema donde los autores son expropiados. La equidad es un tema del país y no es justo cobrarle su precio a los creadores.

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La posibilidad de renunciar a los derechos, sea de autor o no, está establecida desde siempre en nuestro sistema legal. En el caso de los derechos de autor, los artistas tienen la posibilidad de renunciar a sus derechos patrimoniales desde el principio, incluso en la ley actual. No es necesaria una modificación para que los titulares de derechos puedan renunciar a estos.

Pero seamos claros: esto no es porque la ley quiera que los artistas estén desprotegidos. Es para garantizar que los creadores (fotógrafos, artistas, músicos, etc.) puedan, por ejemplo, donar su obra intelectual al dominio público, para que así todos podamos disfrutar de ella. De este modo, la renuncia voluntaria permite que los autores puedan utilizar Internet y la tecnología como una plataforma única de distribución de contenido, fomentando la creación de cultura a través de remixes, mashups y collages.

Una sociedad libre no maniata, no obliga, no les dice a sus artistas qué es lo que tienen que hacer; les entrega libertad. Trato justo para todos.

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La derogación de la irrenunciabilidad de nuestros derechos es una novedad legal muy grave, ya que inutiliza un dique que hasta ahora ha servido para contener el abuso por parte de las grandes empresas. Es ilusorio pensar que en un país pequeño como Chile, con pocos patrones, habrá relaciones equitativas entre las partes de manera natural. La irrenunciabilidad es una herramienta de protección de los autores y artistas alcanzada en el año 70 y ha sido la base para evitar el despojo de sus derechos, al cual se pueden ver compelidos.

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