Señor Director:

¿Qué haríamos en las universidades sin copias de los apuntes? ¿Cómo estudiarían nuestros alumnos si no hubiera excepciones a los derechos de propiedad sobre libros, revistas o archivos digitales? ¿Cómo acceder a versiones en castellano de textos actualizados si no es por la vía de la traducción de material original? Este uso justo era una de las fortalezas del proyecto inicial de Ley de Propiedad Intelectual.

Después de conocerse el acuerdo entre la SCD y la ministra Urrutia que zanja lo central del proyecto -preocupante en un debate que debiera jactarse de transparente- entendemos que la voluntad del gobierno es no extender el beneficio de uso justo de libros, revistas y material electrónico a centros de estudios, dado que a juicio de la SCD lo que habría detrás no es genuina difusión del conocimiento sino un ánimo de lucro visible en las “inmensas sumas en publicidad y marketing” que se gastan.

Esto pone a profesores y alumnos de educación superior en una posición insostenible: cada vez que distribuyamos o recomendemos textos en que sólo circulan en copias estaremos fuera de la ley. Un error garrafal del gobierno que sólo ha puesto atención a los argumentos de una parte de los actores (la SCD). La cultura no es equivalente a los intereses representados por este gremio.