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Stephanie Lenz es una mamá chocha. Es febrero de 2007 y Holden, su hijo de un año, corre por la cocina de su casa al ritmo de Let’s Go Crazy de Prince. Son 30 segundos de video casero, en los que el pequeño afirmado a un andador goza al ritmo de la música. Es un momento clásico de YouTube: un video familiar como cientos, compartido para la familia y los amigos; pero que, para los abogados de Universal Music – en representación de la titularidad del autor de la canción –, constituía un uso impropio. Así, Lenz vio súbitamente desaparecer el video, pues la disquera obligó al sitio web a bajar las imágenes donde la canción es casi imperceptible debido a la saturación del audio.

Este caso demuestra que hay una tendencia clara a usar el derecho de autor como un caballito de batalla por parte de los titulares de las creaciones de los artistas, que buscan llenar sus alicaídas arcas hurgando en los bolsillos de ciudadanos que jamás han tenido ánimo alguno de lucro.

A la larga, el “acuerdo secreto” de la SCD – parte de la Unión Nacional de Artistas de Chile, UNA – y los ministros Viera‐Gallo y Urrutia busca inhibir, en uno de sus puntos, una manera de expresión que viene impresa en el ADN de esta generación. Que Santiago Schuster, el director de la sociedad de gestión, declare públicamente que los usuarios necesitamos banda ancha sólo para ponernos un parche en el ojo, es demonizar a cada uno de quienes utilizamos Internet y es hablar con desconocimiento del rol y el potencial de la red de redes para la difusión de la cultura; desafortunadamente, mientras se mantenga el nivel de desconocimiento y descalificación por parte de los artistas y quienes los representan, cientos de recuerdos como los de Holden continuarán siendo materia de desencuentros por un largo tiempo, y nos harán volver a lo mismo una y otra vez.

La industria del entretenimiento no ha podido doblarle la mano a la tecnología, y demonizar la red como lo hicieron con el VHS en 1982 no tiene sentido hoy. Por ello, la declaración en Chile no va por atacar el trabajo del artista y matar su forma de vida. El punto está en trabajar y dialogar para que las modificaciones de la LPI no solo satisfagan al público, sino que también beneficien a quienes crean con excepciones que permitan un uso justo.

Así, las bibliotecas para ciegos no caerían en un ilícito solo por existir; al usar citas en una tesis universitaria no estaría cayendo en un acto ilegal, y también evitaríamos que la cinta magnética que contiene uno de los últimos conciertos del maestro Claudio Arrau no se siga llenando de hongos en la sala Eloísa Díaz de la Universidad de Chile. Claramente, eso no suena a utilizar la tecnología para matar la música o los libros a mano armada.

Estamos entrampados hoy en una vetusta maraña legal que hoy frena la libertad de expresión y el incesante desarrollo de la cultura. Ojalá no lleguemos siquiera a pensar en atacar a una madre, su hijo y a sus recuerdos familiares en nombre de un ilícito absurdo. Lo que debiéramos construir son propuestas que nos lleven hacia un trato justo para todos – para los artistas, para los autores y para los ciudadanos – y dejar la criminalización de cómo tu y yo usamos la tecnología para crear y compartir solo como un mal sueño. No cuesta nada.