La ley no intenta destruir sociedades de artistas, solo fijar reglas y procedimientos claros para la determinación de precios, de manera de limitar privilegios desmedidos en una sociedad democrática.

El proyecto de ley en cuestión no perjudica a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, ni entorpece su gestión. No contiene disposiciones que pretendan disminuir sus atribuciones ni complicar su existencia. Lo único que se procura es regular algunas consecuencias sociales negativas derivadas del monopolio que ejercen en el mercado.

Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor sirven para administrar los derechos de varios autores, centralizando el tedioso proceso de conseguir las autorizaciones necesarias para utilizar sus obras. Sin embargo, esta concentración acarrea algunas consecuencias monopólicas nefastas, que ya fueron probadas a fines de los 90′ por las instancias antimonopolio, donde se resolvió que la entidad de gestión cuestionada efectivamente atentaba mediante su monopolio contra la libre competencia.

El proyecto por tanto busca establecer soluciones justas en caso que las sociedades de gestión tengan diferencias con sus usuarios, tratando de regular el monopolio existente en esta materia. Que quede claro: el proyecto no busca deslegitimar ni desmantelar ni mucho menos hacer desaparecer a las sociedades de gestión. Si los servicios públicos –agua, luz, alcantarillado y telefonía– son regulados en pos de transparentar el mercado, el acceso a la cultura y el conocimiento también lo debe ser. Trato justo para todos.

Lo anterior es en respuesta a:

“El debilitamiento intencionado y letal de las sociedades de gestión destruye nuestra forma de organización y liquida la garantía de una propuesta cultural diversa y democrática. La ley pretende ir en contra del ejercicio colectivo de los derechos que nos asisten y nos aseguran una capacidad de subsistir como ciudadanos dignos, en un sistema que se basa en resaltar el capital a secas en desmedro del capital humano y de la creación intelectual. En Chile existen sociedades de gestión colectiva que funcionan de manera eficiente, ejemplar y a la altura de sus contrapartes europeas y de todo el mundo. Estas entidades son fruto del trabajo de años, y representan un contrapeso al poder desmesurado de ciertas empresas.”

[Publicado en tratojusto.cl]