En primer lugar, los párrafos 1 y 2 (en estricto rigor 2 y 3) de la respuesta de @micronauta no los voy a tocar porque en realidad no está respondiendo a lo que yo planteé, en el sentido que no puse el tema solamente como un problema de doble pago de licencia o de factibilidad de intervención sobre nuestro tráfico de comunicaciones (que dicho sea de paso aunque sea fácil implementarlo no deja de vulnerar nuestra privacidad). Replicar los bordes de mi respuesta no creo que altere el core de mi discurso, que no vale la pena repetir. Basta con leer los párrafos 1, 2 y 4 de mi respuesta inicial (o entera) para entender cuál es mi punto de vista.

Ahora, un debate serio y profundo de cómo dar forma a alguna tasa o canon, o si procede de alguna manera o si se asocia a algún derecho, trasciende mi disponibilidad de tiempo y mis prioridades laborales en este momento, por lo que no continuaré en ese tema, al menos en blogs y comentarios. Todo a su debido tiempo.

Sin embargo, queda una pregunta en el aire: por qué la implementación de alguna tasa o canon, ya sea por copia privada a los soportes o sobre la conexión a internet, está fuera del debate en esta ocasión, y es porque esta no es la reforma definitiva de la Ley de Propiedad Intelectual y no está destinada a solucionar todos los problemas existentes en la materia.

El gobierno lanzó una propuesta que se encarga principalmente de dos cosas: 1) actualizar la Ley al TLC con los EE.UU.; y 2) equilibrar el derecho de autor con excepciones que permitan a los usuarios hacer algunos usos que no alteran la explotación de la obra. La imposición de un canon o tasa no es materia porque es un tema que, de tan polémico, no permitiría la tramitación de la Ley en los plazos necesarios (que, oops, era este año).

No hay un fundamento que haga indiscutible un canon o tasa, pero el gobierno no lo hará en esta ocasión, para no demorar aún más el debate, y porque no está en sus prioridades inmediatas. Además la iniciativa de instaurar impuestos es prerrogativa exclusiva del gobierno, así que no bastaría la voluntad de los parlamentarios al respecto. Como mencioné anteriormente, todo a su debido tiempo.

Entonces, la respuesta de fondo, es que en esta ocasión no se discutirá el tema de una tasa o canon, porque urge más tener un sistema de derechos de autor que no criminalice, por ejemplo, a la señora de la biblioteca, y aún menos a la señora que lee libros para la biblioteca de ciegos de Providencia. En otras palabras, la idea es primero ponerle yunta a los bueyes para que no se nos arranquen. Después, podemos discutir.

Probablemente varios dirán que esto (no querer gestionar el paquete completo) se debe a la incompetencia del gobierno o a su ineficiencia.

Sin embargo el rol del gobierno y los parlamentarios es regular las situaciones más relevantes para toda la sociedad. Independiente de mi opinión personal sobre un canon o tasa (estoy en contra), su inclusión terminaría enturbiando toda la discusión al respecto en este proyecto.

Si después de esta Ley queremos discutir una licencia global, impuesto, tasa o fee que asegure a los artistas que no tengan que andan persiguiendo a todo el mundo para cobrarle, mientras como usuarios tengamos la misma tranquilidad con una licencia global para usos no comerciales, ciertamente será posible el diálogo.

Ahora, por otra parte, creo que si vamos a hablar de eficiencia tenemos internet hace más de 10 años en nuestro país, y banda ancha hace más de 5. A la fecha no se ha visto ningún intento serio y eficiente por parte de quienes ahora reclaman, de vender música a precios competitivos, o llegar a acuerdos con los ISP o sitios “2.0″ por esos contenidos que circulan impunemente por la red.

La ley no pondría trabas para un acuerdo de ese tipo, siempre que se respeten nuestros Derechos Fundamentales. Si constatamos que existe un problema al respecto, la única solución no es retroceder con todas las excepciones y poner una tasa. Para algo existen los contratos y los acuerdos.

Nadie prohibe un esfuerzo negociador serio que pueden y deben hacer los involucrados, para llegar a acuerdos que beneficien a todos. Ahora, si http://www.tratojusto.cl, o http://www.tratojustoartistas.cl ayudan a esos acuerdos, obviamente tengo serias dudas.

La gracia de lo ‘net es que se trata de conmutación de paquetes y no de conmutación de circuitos, y de una manera multicapa. Entonces, así como en el caso del teléfono, el proveedor no necesita interceptar el contenido de tu comunicación para saber que se trata de una llamada a alguien que está en otra compañía, otro país, etc., en la Internet se pueden analizar capas y con más detalle, por ejemplo se puede determinar si estás bajando un audio, un video, etc.

Similarmente, es posible determinar estadísticamente cuánto del contenido que pasa por la red de un proveedor viene -por ejemplo- del iTunes Store o del Amazon MP3 Store, y cuánto viene de otras fuentes, para de esa manera no estar cobrando por contenido que ya está licenciado. Un esquema así implicaría crear un registro compartido, donde tiendas en línea o sitios que usen esquemas como el freemium, o que simplemente quieran liberar su contenidos, agreguen sus dirección IP o nombres de dominio a una lista blanca. Así los sistemas que analizan tráfico podrían fácilmente discriminar el contenido licenciado, sin necesidad de vulnerar privacidad alguna.

Puede que -lamentablemente- ya no se discuta la exención para los ISPs de conexión en la cámara. Pero yo, como ciudadano, la discuto, y sabré por quién votar y por quién no en la próxima elección, correspondientemente.

A todo esto Pancho, ¿Por qué no se discute? ¿Cuál es el fundamento que hace que la excepción sea tan indiscutible? Creo que aún no está contestada mi pregunta. Esa pregunta es la fuente de mi interés, en cuánto a leer, comentar y referir este sitio. Una explicación que fundamente eso, para poder convencerme de estar de acuerdo, o no.

Lo que las personas hagan sobre esa red es su problema y su responsabilidad. Si no pongámosle otro nombre pero no sería Internet.

Que las ISP licencien el contenido implicaría en muchos casos pagar dos veces por los mismas, por ejemplo si canal13.cl quiere transmitir contenidos licenciados por internet es responsable frente a la ley por ese hecho y deberá conseguir las autorizaciones para hacerlo por Internet. Además, canal13.cl sería el autor material de la comunicación pública en este caso.

Asimilar este caso a la TV de pago es confundir peras con manzanas. Internet no te ofrece una parrilla de canales ni el ISP de conexión es responsable a priori por lo que circula por Internet (de hecho los proveedores de televisión de pago tampoco son responsables por derechos de autor, son los canales, lo que pagan los proveedores son licencias de radiodifusión).

Tal vez podamos discutir bajo qué terminos ciertos ISP (de conexión o contenido) podrían ser responsables ante la ley por violaciones al copyright, si hay que notificarlos antes y cómo debe ser esa notificación. De hecho esa es la discusión en el congreso y la de un canon o tasa a los ISP no será materia de debate ni propuestas.

En este caso no se discute una excepción para los ISP, se discute bajo que condiciones podemos perseguir su eventual responsabilidad legal por lo que publiquen o circule en sus redes. Su fundamento es que dado el flujo de información que circula por Internet los ISP no pueden ser responsables de todo lo que ocurra en ellas sin una notificación previa. No hay ni habrá por lo pronto más discusión que esa.

En caso de la Internet, discrepo de su naturaleza pública. El acceso que la mayoría de los ciudadanos tenemos a la red es -al menos por el momento- más parecido a la TV de pago que a la radio. El único aspecto público significativo que en Chile tiene relación con la Internet es nic.cl , dependiente de la U. de Chile, una entidad pública.

VTR por ejemplo paga licencias por retransmitir contenido que distribuye sobre su red de TV-cable, además de costear la infraestructura, y los usuarios pagamos una mensualidad a VTR. Existe una parte pública, vale decir contenidos por los cuales VTR no paga, ya sea porque se autodefinen como de acceso gratuito o porque se pagan con publicidad (el caso de la televisión abierta).

Similarmente, los proveedores de Internet -de hecho la misma VTR- paga por el ancho de banda que necesita para poder dar servicio de Internet, así como paga por energía eléctrica, recursos humanos, infraestructura, etc. Pero no paga ningún tipo de licencias de contenido, aunque se trate de contenidos que no se han definido como públicos Entonces ¿Cómo se fundamenta esa diferencia? Lo que está ocurriendo por estos días, es que los responsables de dichos contenidos están siendo muy claros, al decir que su contenido no es gratuito, y están en todo su derecho.

Como consecuencia, es natural que el proveedor de acceso a Internet esté llamado -como cualquier otro negocio bajo el estado de derecho- a hacer una de dos cosas: (a) evitar que el contenido de quienes no definen lo que hacen como “público” sea difundido por sus redes, o (b) licenciar dichos contenidos para poder hacer lucro con su distribución.

La pregunta que hago, “¿Cómo se fundamenta la diferencia?”, también se podría expresar de la forma “¿Cómo se explica la excepción a los proveedores de Internet?”. Esa es la pregunta que esperaba, y aún espero, ver contestada en este sitio. Dilucidar ese punto es lo que algunos necesitamos para poder entender y estar de acuerdo -o oponernos- al proyecto de ley en cuestión.